El Ministerio Público reclama también una indemnización de 65.000 euros para la víctima por daños morales y secuelas psicológicas
La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para el exfutbolista del RCD Espanyol Álvaro Aguado, acusado de un delito de agresión sexual a una trabajadora del club en Barcelona. Los hechos, según el escrito de acusación, se remontan a la madrugada del 24 de junio de 2024, durante una celebración por el ascenso del equipo a Primera División.
El caso, que ahora entra en una fase clave del proceso judicial, incluye además la petición de una indemnización de 65.000 euros para la víctima por el daño moral sufrido y las secuelas psicológicas derivadas de los hechos.
El relato de la acusación: falta de consentimiento
Según la Fiscalía, el episodio tuvo lugar en una discoteca de Barcelona, donde ambos coincidieron en el contexto de la celebración del ascenso. De acuerdo con el escrito, el futbolista llevó a la denunciante al baño masculino del local, donde se habría producido la agresión.
El elemento central del caso es la ausencia de consentimiento. La acusación sostiene que la mujer manifestó su negativa de forma expresa durante los hechos, llegando a pedir que el acusado se detuviera, mientras se encontraba en estado de shock.
Pese a ello, el Ministerio Público considera que Aguado continuó con la agresión, lo que fundamenta la calificación de un delito de agresión sexual con penetración.
La versión del acusado
Por su parte, Álvaro Aguado ha defendido que las relaciones fueron consensuadas y que no existió delito alguno. Será el tribunal el que determine la veracidad de los hechos a partir de las pruebas y testimonios aportados durante el juicio.
El futbolista se encuentra actualmente en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio, en una causa que ha generado una importante repercusión mediática y social.
Medidas adicionales solicitadas
Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado otras medidas complementarias en caso de condena. Entre ellas, destaca la petición de libertad vigilada durante diez años tras el cumplimiento de la pena, así como una orden de alejamiento que impediría al acusado acercarse o comunicarse con la víctima durante varios años.
Un caso que trasciende lo deportivo
El caso ha tenido especial impacto por la condición pública del acusado, que formó parte del Espanyol hasta 2025. La investigación judicial ha coincidido con el final de su etapa en el club, que decidió no renovar su contrato.
Más allá del ámbito deportivo, el proceso se enmarca en el contexto de una mayor sensibilidad social frente a los delitos sexuales, donde el consentimiento se sitúa como elemento central en la valoración judicial de los hechos.
Pendiente de juicio
El procedimiento se encuentra ahora a la espera de su enjuiciamiento, en el que se determinará la responsabilidad penal del exfutbolista. La petición de la Fiscalía fija una base relevante, pero será el tribunal quien dicte sentencia.
