El Congreso de los Diputados rechaz\u00f3 el martes el Real Decreto que obligaba a prorrogar los contratos de alquiler que vencieran entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, con la abstenci\u00f3n del PNV, enterraron una medida que el movimiento inquilino consideraba insuficiente pero necesaria: sin ella, hasta un mill\u00f3n de familias podr\u00edan verse forzadas a abandonar sus hogares en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os.
La Confederaci\u00f3 de Sindicats d’Inquilins va anunciar tot seguit una \u00abprimavera de mobilitzacions\u00bb. La primera convocat\u00f2ria \u00e9s el 24 de maig a Madrid, amb una manifestaci\u00f3 a Atocha a les 12.00 hores. Des de la confederaci\u00f3 qualifiquen el resultat de la votaci\u00f3 com una expressi\u00f3 de \u00abprioritat rentista\u00bb per part dels grups que la van impulsar, i sostenen que el rebuig deixa milers de llars sense protecci\u00f3 en un moment en qu\u00e8 els preus del lloguer no paren de pujar. <\/p>\n\n
Desde Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha adoptado una posici\u00f3n a\u00fan m\u00e1s contundente. La organizaci\u00f3n ha avanzado que en las pr\u00f3ximas semanas har\u00e1 p\u00fablicos los pasos para caminar hacia una huelga general. Su apuesta va m\u00e1s lejos que la de la confederaci\u00f3n estatal, que de momento prefiere centrar las movilizaciones en la vivienda sin vincularlas a las reivindicaciones laborales. <\/p>\n\n
El Sindicat de Llogateres hab\u00eda presentado d\u00edas antes la Plataforma por un trabajo y una casa dignas, una coalici\u00f3n que agrupa organizaciones de vivienda y trabajo como la PAH, la CGT y la Intersindical. La portavoz Isi S\u00e1ez ha subrayado que unir la lucha por el techo con la lucha por los derechos laborales es \u00abhoy m\u00e1s imprescindible que nunca\u00bb, y ha avanzado que el 1 de mayo ser\u00e1 la primera movilizaci\u00f3n conjunta de la plataforma. Se esperan nuevas adhesiones en las pr\u00f3ximas semanas.
El horizonte que maneja la plataforma es la huelga general, si las instituciones no responden con medidas efectivas. Por ahora, el objetivo inmediato es construir una base social amplia que pueda sostener una presi\u00f3n creciente y coordinada.
Mientras prepara las movilizaciones, la Confederaci\u00f3n ha puesto en marcha una campa\u00f1a de asesoramiento para los inquilinos afectados por la ca\u00edda del decreto. En las \u00faltimas semanas ha distribuido m\u00e1s de 16.000 modelos de pr\u00f3rroga y ha elaborado cuatro documentos para ayudar a los arrendatarios a responder las objeciones m\u00e1s frecuentes de los propietarios que se niegan a renovar.
El Sindicat de Llogateres ha dejado claro que las pr\u00f3rrogas solicitadas mientras el decreto estaba en vigor siguen siendo legalmente v\u00e1lidas y que los arrendadores est\u00e1n obligados a respetarlas. La organizaci\u00f3n alerta de que probablemente habr\u00e1 intentos de confundir a los inquilinos sobre este punto, y ha publicado en su web materiales para orientarlos.
La campa\u00f1a de desobediencia civil y acci\u00f3n sindical bajo el lema Nos Quedamos sigue activa, dirigida tanto a los inquilinos que se acogieron a la pr\u00f3rroga como a los que no llegaron a tiempo de hacerlo.
La vivienda lleva diecisiete meses consecutivos encabezando el bar\u00f3metro del Centro de Investigaciones Sociol\u00f3gicas, por delante del paro y de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica general. Los datos del Ministerio de Consumo muestran la dimensi\u00f3n del problema: 632.369 contratos de alquiler vencen este a\u00f1o en Espa\u00f1a, lo que afecta a cerca de 1,63 millones de personas. Si se ampl\u00eda el c\u00e1lculo hasta 2027, el n\u00famero de contratos sube al mill\u00f3n y el de personas afectadas a 2,68 millones, con subidas de renta estimadas en una media de 1.730 euros anuales por familia.
En Catalu\u00f1a, la distancia entre salarios y alquileres es especialmente acusada. Los sueldos han crecido alrededor de un 20% en cinco a\u00f1os; los precios del alquiler en las capitales de provincia, casi un 60%. Una diferencia que ya era dif\u00edcil de asumir con el decreto vigente y que ahora queda sin ning\u00fan colch\u00f3n institucional que la amortig\u00fce. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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