La Audiencia de Barcelona ha tumbado el sobreseimiento de la causa abierta contra los Mossos d’Esquadra por el uso de gas pimienta durante una protesta propalestina en la estaci\u00f3n de Sants el pasado 15 de octubre. El tribunal ha dejado sin efecto la decisi\u00f3n del juzgado de instrucci\u00f3n barcelon\u00e9s que, en diciembre, rechaz\u00f3 admitir la querella presentada por varios colectivos y seis personas que resultaron heridas durante la intervenci\u00f3n policial.
La Audiencia aprecia indicios de que el uso del espray de oleorresina capsicum, el conocido como gas pimienta, fue desproporcionado. Para sostenerlo, cita un informe que el propio cuerpo de los Mossos remiti\u00f3 al Parlamento, en el que la polic\u00eda catalana reconoce que se trata de un instrumento peligroso. El tribunal va m\u00e1s all\u00e1 y apunta que las lesiones denunciadas tienen visos de ser consecuencia directa de lo que hicieron los agentes.
La resoluci\u00f3n considera que hay base suficiente para identificar a los posibles responsables. Los querellantes han aportado im\u00e1genes en las que se reconoce a al menos dos agentes que accionaron los esprays y al mando que los supervisaba. La querella la presentaron Alerta Solid\u00e0ria, Ir\u00eddia, la CGT, la Intersindical y la IAC, que act\u00faan en representaci\u00f3n de seis personas afectadas.
Los denunciantes sostienen que los Mossos rociaron indiscriminadamente a manifestantes que estaban sentados en el suelo sin oponer resistencia. La protesta se enmarcaba en la huelga del 15 de octubre convocada en solidaridad con el pueblo palestino. En febrero, las mismas entidades recurrieron el archivo de la causa y, al mismo tiempo, reclamaron ante la Comisi\u00f3n de Garant\u00eda de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica que Interior hiciera p\u00fablico el protocolo de uso de ese agente.
Lo ocurrido en Sants desat\u00f3 de inmediato un debate pol\u00edtico. ERC, los Comuns y la CUP exigieron que la consellera de Interior, N\u00faria Parlon, diera explicaciones en el Parlamento. Lo hizo en dos ocasiones. En una de ellas, convocada por iniciativa propia ante la Comisi\u00f3n de Interior y Seguridad P\u00fablica, acudi\u00f3 junto al director general de los Mossos, Josep Llu\u00eds Trapero, quien defendi\u00f3 el uso del gas pimienta cuando hay violencia generalizada.
A ra\u00edz de los hechos, una decena de entidades de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales pusieron en marcha la campa\u00f1a Stop gas pebre para exigir una moratoria inmediata y que se tramitara su prohibici\u00f3n definitiva. Argumentan que es un arma que no distingue entre personas y que su uso sistem\u00e1tico vulnera derechos fundamentales: el de manifestarse, el de la integridad f\u00edsica y el de acceso a la informaci\u00f3n.
Que la Audiencia haya reabierto el caso pone sobre la mesa una pregunta que va mucho m\u00e1s all\u00e1 de este episodio: d\u00f3nde est\u00e1 el l\u00edmite de la proporcionalidad policial cuando quienes protestan lo hacen de forma pac\u00edfica, y qui\u00e9n responde cuando ese l\u00edmite se cruza. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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