Entre 2011 y 2025, la población metropolitana ha aumentado en 223.000 personas, y se prevé que en 2041 pueda superar los 3,55 millones.
Coincidiendo con el 15º aniversario de su puesta en marcha, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha el ciclo de jornadas Diálogos AMB 15+15, una iniciativa que pretende generar debate y reflexionar sobre los principales retos de futuro del territorio metropolitano. El gerente del AMB, Ramon Torra, ha puesto énfasis en la aprobación de la ley del AMB y la constitución del primer Consejo Metropolitano hace 15 años, “un hito que supuso dotar a este territorio de una herramienta estable, con capacidad real de actuación, para garantizar servicios, infraestructuras y políticas públicas esenciales para el buen funcionamiento de la metrópolis”.
Uno de los primeros temas que se han puesto sobre la mesa en una jornada que ha contado con la participación de técnicos y expertos ha sido la demografía, un aspecto básico y fundamental para entender y planificar la evolución de la metrópolis en las próximas décadas.
Actualmente, el área metropolitana de Barcelona concentra 3,45 millones de personas, el 42 % de la población de Cataluña, en un área de 636 km2, que genera el 52 % del PIB de Cataluña. Esta población ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, especialmente a partir de 2015. Entre 2011 y 2025, la población metropolitana ha aumentado en 223.000 personas, y ha pasado de 3,23 millones a 3,45 millones. Este incremento, sin embargo, responde en gran medida a la dinámica migratoria, ya que el crecimiento natural —la diferencia entre nacimientos y defunciones— es negativo y se prevé que se mantenga así en el futuro. De cara a 2041, las previsiones más optimistas son que la población en el área metropolitana supere los 3,55 millones de personas y alcance los 6 millones en el conjunto de la región metropolitana de Barcelona. Estos datos se desprenden de un estudio encargado por el AMB y elaborado por el Centro de Estudios Demográficos (CED).
La dependencia del crecimiento demográfico respecto de la inmigración es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Sin las personas migradas, el territorio metropolitano perdería población de manera sostenida, en un contexto marcado por la caída de los nacimientos y la baja fecundidad. Entre 2011 y 2023, los nacimientos en el área metropolitana han disminuido de 32.600 a 23.100 anuales, una reducción de casi 10.000 en poco más de una década.
Esta tendencia se explica, en parte, por factores estructurales como el retraso de la edad de maternidad, las dificultades de emancipación y conciliación, o la reducción de la población en edad fértil. En paralelo, la fecundidad se ha situado en mínimos históricos, con 1,03 hijos por mujer en el año 2024 en Cataluña. Todo ello configura un escenario en el que los nacimientos no son suficientes para garantizar el relevo generacional.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el envejecimiento de la población. El aumento de la esperanza de vida —que supera los 80 años en hombres y los 86 en mujeres— y la reducción de la natalidad están modificando de manera profunda la estructura por edades. Las proyecciones apuntan, además, a una extensión territorial de este envejecimiento, con un incremento progresivo del peso de la población mayor en el conjunto del área metropolitana de Barcelona.
La diversidad de orígenes de la población de las ciudades metropolitanas es un punto destacado. En las últimas décadas, el territorio metropolitano ha captado un volumen elevado de inmigración internacional, con un predominio de población procedente de América Latina, que representa más de la mitad de la población extranjera. Este fenómeno contribuye al dinamismo demográfico y económico del territorio, pero también plantea retos en términos de integración y cohesión.
Los cambios demográficos tienen un reflejo directo en la estructura de los hogares y en las formas de convivencia. De esta manera, se observa una creciente diversificación, con un aumento de los hogares unipersonales —especialmente en edades avanzadas—, de los hogares monoparentales y de las formas familiares no tradicionales. Esta evolución tiene implicaciones directas en la planificación de la vivienda y de los servicios.
Este hecho hace que los expertos se planteen cómo se deben adaptar los servicios públicos para dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas.
En materia de vivienda, por ejemplo, se hace necesario diseñar nuevas tipologías de hogares, adaptadas al número de miembros, y que ofrezcan más flexibilidad. El AMB ya incorpora, desde hace años, a través del IMPSOL, estos criterios en la creación de vivienda asequible, y pone énfasis en la promoción de vivienda pública de alquiler, sin renunciar a la calidad arquitectónica, la sostenibilidad, la inclusividad y la perspectiva de género. Así, por ejemplo, se han eliminado los pasillos para incrementar los espacios de las estancias, de manera que todas las piezas de la vivienda tienen dimensiones similares, los usos que se pueden desarrollar se flexibilizan y permiten la adaptación a los cambios futuros.
El mercado de trabajo y la actividad económica es otro de los ejes destacados. Las dinámicas demográficas tienen un impacto directo sobre la disponibilidad de mano de obra, la cualificación profesional y la capacidad de atracción de talento, con una contribución importante de la población migrada para sostener la actividad económica y garantizar el relevo generacional. Ante este escenario, el AMB impulsa políticas orientadas a favorecer la inclusión laboral, la formación y la adaptación de las competencias a las necesidades del tejido productivo metropolitano. Como ejemplos, se pueden mencionar los planes de empleo que se han puesto en marcha en colaboración con los ayuntamientos, o el impulso de la formación profesional. Al mismo tiempo, se trabaja para reforzar el atractivo de la metrópolis como espacio de oportunidades.
El colectivo de los jóvenes es otro de los que centra la atención del AMB. Las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y los obstáculos a la emancipación tienen consecuencias directas sobre la demografía, especialmente en la decisión de tener hijos. El reto es adaptar los servicios públicos a las necesidades de las generaciones jóvenes, para garantizar el acceso y promover trayectorias vitales más estables.
