La comunidad educativa cuestiona el plan piloto de la Generalitat para introducir a los Mossos en centros con conflictividad y reclama más recursos educativos en lugar de medidas policiales.
El plan de la Generalitat de Cataluña para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra en institutos de secundaria ha generado un amplio rechazo entre profesorado, familias y estudiantes. La iniciativa, planteada como un proyecto piloto para hacer frente al aumento de la conflictividad en las aulas, ha reabierto el debate sobre el papel de la seguridad en el entorno educativo y los límites entre intervención policial y acción pedagógica.
La propuesta contempla la presencia de agentes —sin uniforme y sin armas— en varios centros considerados conflictivos, con funciones de mediación, prevención y apoyo a la comunidad educativa. Sin embargo, lejos de generar consenso, la medida ha sido recibida con críticas por buena parte de los actores implicados.
Un rechazo amplio en la comunidad educativa
Sindicatos docentes, asociaciones de familias y colectivos estudiantiles coinciden en señalar que el despliegue policial no aborda el problema de fondo. A su juicio, la convivencia en los centros educativos no puede resolverse desde una lógica de seguridad, sino a través de recursos pedagógicos y sociales.
El rechazo se articula en torno a una idea central: la autoridad en el aula debe recaer en el profesorado, no en la presencia de agentes externos. Para muchos docentes, introducir figuras policiales puede erosionar esa autoridad y trasladar un mensaje equivocado sobre la gestión de los conflictos.
Además, consideran que esta medida puede contribuir a estigmatizar determinados centros educativos, especialmente aquellos ubicados en entornos más vulnerables, donde las dificultades sociales y económicas ya condicionan el día a día del alumnado.
Menos recursos educativos, más presencia policial
Uno de los argumentos más repetidos por quienes critican el plan es el contexto en el que se plantea. En los últimos años, el número de profesionales dedicados a la integración social en los centros educativos ha descendido de forma significativa, pasando de unos 420 a cerca de 300, según estimaciones del sector.
Esta reducción contrasta con la apuesta por introducir agentes policiales, lo que ha alimentado la percepción de que se prioriza una respuesta de carácter reactivo frente a una inversión estructural en educación.
Para buena parte de la comunidad educativa, el refuerzo de figuras como orientadores, educadores sociales o personal especializado en salud mental sería una vía más eficaz para abordar los conflictos en el aula.
El Govern defiende una medida preventiva
Desde la Generalitat, sin embargo, se insiste en que el plan tiene un carácter preventivo y busca dar respuesta a un aumento de los episodios de violencia en los centros educativos.
El proyecto piloto se desplegará inicialmente en una quincena de institutos y prevé la presencia de agentes que trabajarán en coordinación con los equipos directivos y docentes, centrando su labor en la mediación y la detección temprana de conflictos.
La conselleria de Interior defiende que no se trata de sustituir la labor educativa, sino de complementarla en situaciones donde los recursos actuales resultan insuficientes.
Un debate de fondo sobre el modelo educativo
Más allá del rechazo inmediato, el despliegue de los Mossos en institutos ha abierto un debate más amplio sobre el modelo de gestión de la convivencia escolar.
Para muchos expertos, el aumento de la conflictividad en las aulas está directamente relacionado con factores sociales más amplios, como la desigualdad, la precariedad o la falta de expectativas entre los jóvenes. En este sentido, advierten de que las soluciones centradas en el control pueden ser insuficientes si no se acompañan de políticas educativas y sociales más ambiciosas.
El riesgo, señalan, es que la presencia policial termine normalizándose como respuesta a problemas que, en esencia, requieren una intervención educativa y comunitaria.
Críticas políticas y petición de explicaciones
El plan también ha generado críticas en el ámbito político. Formaciones como ERC, Comuns y CUP han solicitado explicaciones al Govern en el Parlament, cuestionando tanto el fondo de la medida como la forma en que se ha presentado, sin un debate previo amplio con la comunidad educativa.
Estas formaciones consideran que la iniciativa puede tener efectos contraproducentes y han planteado como alternativa reforzar las plantillas docentes y los recursos de apoyo en los centros.
Entre la prevención y la percepción
El debate sobre la presencia de los Mossos en institutos refleja una tensión de fondo: cómo equilibrar la necesidad de garantizar la seguridad en los centros educativos con la preservación de su carácter formativo.
Mientras el Govern defiende una medida orientada a la prevención, una parte significativa de la comunidad educativa teme que se esté avanzando hacia un modelo donde el control sustituya a la educación como eje central.
La evolución del plan piloto será clave para determinar su continuidad, pero el debate ya está sobre la mesa. No se trata solo de cómo gestionar la conflictividad en las aulas, sino de definir qué papel deben jugar las instituciones en la formación de los jóvenes.
En este contexto, la pregunta que atraviesa el debate es clara: si los problemas educativos requieren más policía o más educación.
