La investigación se inició a raíz de las manifestaciones de un testigo
Los Mossos d’Esquadra han detenido en Olesa de Montserrat y en Esplugues de Llobregat a cinco personas de entre 32 y 60 años como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil, estafa, intrusismo profesional y lesiones. Se trataría de cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas.
La investigación se inició a finales de abril después de que los agentes tuvieran conocimiento, a través de las manifestaciones de un testigo, de la posible existencia de actividades profesionales irregulares en centros odontológicos. Según el testigo, varias personas estarían ejerciendo funciones propias de profesionales sanitarios sin disponer de la titulación legal exigida para desarrollar esta actividad.
Ante los indicios existentes, los investigadores iniciaron las gestiones pertinentes a fin de corroborar los hechos. Durante la investigación se tomó declaración a varias personas que manifestaban haber sido víctimas de tratamientos presuntamente fraudulentos y se realizaron vigilancias discretas sobre los centros investigados.
Las declaraciones permitieron constatar que varias víctimas habrían sufrido secuelas físicas derivadas de las intervenciones médicas fraudulentas, así como posibles estafas económicas por el abono de tratamientos no finalizados.
En el marco de la investigación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud colaboraron en la inspección, a fin de detectar posibles infracciones administrativas y penales relacionadas con la actividad desarrollada.
Con los indicios recogidos, los investigadores solicitaron la entrada y pesquisa judicial en las clínicas investigadas, la cual fue autorizada por el juzgado de instancia e instrucción correspondiente. El 17 de junio, se realizaron los registros en dos clínicas dentales en Olesa y Esplugues, durante los cuales se corroboró que se estaba ofreciendo un servicio integral de tratamientos médicos y quirúrgicos totalmente fraudulentos.
Además, se intervinieron aparatos informáticos, así como documentos de agenda de visitas, y se constató que no se cumplían las condiciones técnicas y sanitarias mínimas con el material y aparatos que se utilizaban en este tipo de clínicas, localizando incluso material oxidado y productos sanitarios caducados.
Los agentes de la Unidad de Investigación de Martorell y de la Unidad Central de Consumo precintaron policialmente ambos centros y posteriormente el juzgado que lleva la causa ratificó judicialmente ese cierre provisional por el riesgo para la salud de las personas.
