El juez del Supremo considera que la doctrina del Constitucional obliga a aplicar la amnistía en la malversación, pero deja en manos de la sala de enjuiciamiento la decisión definitiva sobre la causa
El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha ratificado el levantamiento de las órdenes nacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig. En un auto, el magistrado sostiene que la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), que avala la aplicación de la amnistía en el delito de malversación en el caso de los dirigentes del proceso, impide mantener vigentes estas medidas.
Llarena defiende que el criterio fijado por el tribunal de garantías debe aplicarse, aunque discrepe de sus argumentos. Sin embargo, puntualiza que la resolución se limita a dejar sin efecto las órdenes de detención y que no resuelve definitivamente la situación procesal de los investigados. La decisión sobre el cierre de la causa corresponderá a la sala de enjuiciamiento del Supremo.
El pronunciamiento llega dos semanas después de que el TC estimara el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa y avalara que la ley de amnistía también puede aplicarse a la malversación atribuida a los líderes independentistas. Aquella sentencia ha establecido el criterio a seguir en el resto de casos vinculados a los hechos del 1-O.
Las órdenes quedan sin efecto, pero la causa sigue pendiente
Llarena ya había acordado levantar las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig pocos minutos después de conocer la decisión del Constitucional. Sin embargo, en ese momento definió la medida como provisional y avanzó que revisaría la cuestión cuando dispusiera del texto íntegro de la sentencia.
Ahora, el magistrado ratifica ese criterio y concluye que las órdenes de detención «han quedado sin eficacia» a raíz de la doctrina del TC. A pesar de mantener sus discrepancias con la interpretación jurídica adoptada, defiende que el levantamiento de las medidas «debe ser inmediato».
El auto, sin embargo, no implica el archivo del procedimiento ni pone fin a las actuaciones judiciales todavía pendientes. Tampoco constituye una resolución definitiva sobre la extinción de las responsabilidades penales, decisión que corresponde adoptar en la sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo.
Fuentes del TS indican que todavía está pendiente resolver un recurso de reforma relacionado con la finalización del procedimiento. Una vez resuelto, Llarena deberá dictar el auto de conclusión y remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal del Supremo, que deberá decidir sobre el archivo definitivo.
Llarena mantiene las discrepancias con el Constitucional
El juez aprovecha también la resolución para reiterar que no comparte los argumentos del TC. En la sentencia relativa a Dolors Bassa, el tribunal descartó que los dirigentes del 1-O hubieran obtenido un «beneficio personal de carácter patrimonial» por el hecho de que se utilizaran fondos públicos para financiar el referéndum, el argumento que había servido hasta entonces al Supremo para excluir la malversación de la amnistía.
Llarena recuerda que esa interpretación tampoco obtuvo el apoyo unánime del Constitucional. Cinco magistrados formularon un voto particular contrario a la sentencia, redactada por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido.
En este sentido, el juez considera que el desacuerdo existente dentro del propio TC habría aconsejado un tono menos contundente en la resolución. «La mayoría resuelve la controversia y su decisión vincula, pero los adjetivos no convierten en discutible lo que ha fracturado el tribunal», afirma.
Puigdemont aún no ha concretado el regreso
En cuanto al posible regreso a Catalunya, Carles Puigdemont no ha anunciado todavía una fecha concreta. Su abogado, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente no tiene previsto regresar hasta después de las elecciones del 29-N.
Toni Comín, por su parte, tiene previsto desplazarse a Madrid este jueves para recoger la acreditación como eurodiputado en la Junta Electoral Central.
