El 25 de abril, Colombia vivió uno de los episodios más graves de violencia reciente: un ataque en la Carretera Panamericana dejó al menos 20 muertos y 36 heridos. La explosión se produjo en el tramo conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, una región atravesada por tensiones tanto vinculadas al narcotráfico como al actual contexto electoral presidencial.
La magnitud del estallido provocó importantes daños en la vía, afectando a vehículos particulares y al transporte público, además de generar un gran cráter. Testimonios recogidos en el lugar señalan que varias personas fueron desplazadas violentamente por la onda expansiva. Según el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, entre las víctimas mortales se encuentran 15 mujeres y 5 hombres, todos adultos, mientras que tres de los heridos permanecen en estado crítico.
Este hecho forma parte de una secuencia más amplia de ataques en la región. El día anterior, una acción contra una instalación militar en Cali dejó dos heridos y marcó el inicio de una ola de violencia.
Los ataques se han registrado en distintos puntos del suroeste del país, entre ellos El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Las autoridades atribuyen estos hechos a disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco. Por su parte, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a Marlon, uno de los líderes del grupo, como autor del atentado.
A través de la red social X, el mandatario colombiano señaló:
El ataque se produjo en un momento de elevada tensión política, en pleno proceso electoral presidencial en Colombia. En este contexto, los grupos armados buscan incidir en el clima electoral, especialmente en cuestiones relacionadas con la seguridad y las eventuales negociaciones con el Estado. Más que un hecho aislado, la acción violenta puede interpretarse como un intento de sembrar miedo, condicionar al Gobierno en sus estrategias de diálogo y alterar el desarrollo del proceso democrático, situando la seguridad pública en el centro del debate político. Al mismo tiempo, este tipo de episodios suele ser aprovechado por sectores de la oposición para cuestionar la gestión del Ejecutivo, en particular la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro.
Las elecciones presidenciales están previstas para finales de mayo y se desarrollan en un escenario altamente polarizado. El oficialismo respalda la candidatura de Iván Cepeda, figura cercana a Petro y con vínculos políticos en la región afectada por el ataque. Enfrente se sitúan candidatos de derecha como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes, aunque condenaron el atentado, también lo han incorporado a su discurso como argumento para criticar la política de seguridad del actual gobierno.
Cepeda, por su parte, condenó con firmeza los ataques y afirmó que el establecimiento de un clima de miedo busca fortalecer a la extrema derecha:
«Resulta profundamente preocupante que estas acciones terroristas se presenten en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano a nuestro proyecto político. Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral. Solicito a las autoridades esclarecer con rigor este contexto y posibles motivaciones» (Fuente: X)
El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, afirmó que se trata de:
«un ataque indiscriminado contra la población civil […] Es una tragedia que nos divide como departamento y entristece profundamente a nuestras familias. Las palabras no pueden expresar el dolor que sentimos hoy”
El ministro de Defensa del Gobierno, Pedro Sánchez, informó de la oferta de una recompensa de 5.000 millones de pesos a cambio de información que permita localizar y capturar a Marlon.
Más allá de su impacto inmediato, el atentado puede entenderse como la manifestación de tensiones más profundas. No se trata únicamente de un problema de seguridad, sino de un reflejo de desigualdades estructurales y de una disputa por el control y la legitimidad en el territorio colombiano. En este escenario, el Estado convive con espacios donde su presencia es limitada, ocupados por actores armados que configuran formas paralelas de poder. El proceso electoral, lejos de resolver estas contradicciones, constituye un episodio más dentro de esta pugna, en la que distintos proyectos políticos buscan redefinir el orden existente dentro de los márgenes del capitalismo colombiano.
