Durante mucho tiempo, los límites municipales han servido para acotar competencias, gestionar presupuestos y organizar la administración del territorio. Pero la vida de las personas hace tiempo que ha dejado atrás estas líneas dibujadas sobre el mapa. Hoy, una persona puede vivir en Esplugues, trabajar en Barcelona, llevar a sus hijos a una escuela de otro municipio, ir al gimnasio en Hospitalet y hacer la compra en Sant Just Desvern. Y todo esto sin percibir que está atravesando ninguna frontera.
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La realidad metropolitana es ésta: las ciudades son cada vez más interdependientes y las necesidades de la ciudadanía no entienden de términos municipales. La movilidad, la vivienda, los equipamientos, los espacios verdes o la lucha contra los efectos del cambio climático son retos compartidos que difícilmente pueden resolverse desde una única administración.
Por eso, la cooperación entre ayuntamientos no es sólo una cuestión de buena voluntad institucional. Es una necesidad política y una responsabilidad con la ciudadanía. Cuando dos ciudades comparten calles, servicios, infraestructuras y vecindario, también deben compartir estrategias y soluciones.
El acuerdo entre Barcelona y Esplugues para constituir una comisión mixta de trabajo es un ejemplo de ese cambio de mirada. El futuro Campus Clínic, los nuevos desarrollos urbanísticos, la previsión de cerca de 6.000 viviendas o la planificación de las infraestructuras de transporte son proyectos que superan a cualquier frontera administrativa. Pensarlos de forma aislada sería un error. Es necesario planificarlos conjuntamente, con una visión de territorio y poniendo a las personas en el centro.
Esta forma de entender la política local conecta con los valores del municipalismo progresista: cooperación, igualdad de oportunidades, cohesión social y defensa de los servicios públicos. No se trata de competir por ver qué municipio crece más o cuál logra atraer más inversiones, sino de garantizar que el desarrollo de un territorio genere bienestar para el conjunto de la población.
La coordinación es también una herramienta para combatir las desigualdades. Una red de transporte mejor conectada, más vivienda asequible, equipamientos accesibles y espacios públicos de calidad no deberían depender del lado del término municipal en el que se vive. La ciudadanía debe poder ejercer sus derechos y acceder a las oportunidades con independencia de dónde tenga empadronado el domicilio.
Las ciudades del siglo XXI necesitan menos fronteras administrativas y espacios de diálogo, planificación y cooperación. Los ayuntamientos siguen siendo la administración más cercana a las personas, pero esta proximidad debe ir acompañada de una mirada más amplia, capaz de entender que los problemas compartidos exigen respuestas compartidas.
Porque, al fin y al cabo, la ciudadanía ya vive en clave metropolitana. Ahora toca que las instituciones también lo hagan.
