Hay imágenes que explican un país mejor que cualquier estadística. Durante los últimos años, una de ellas fue recurrente: un partido de fútbol, una pantalla iluminada y, entre una jugada y otra, la promesa de que el próximo clic podía convertir unos pocos reales en una fortuna. Las apuestas digitales dejaron de parecer un juego marginal y pasaron a formar parte del paisaje cotidiano brasileño.
Ahora ese paisaje empieza a desaparecer.
El 25 de septiembre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó una Medida Provisória que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija en Brasil, tanto deportivas como de juegos online, en entornos físicos y virtuales. La medida también alcanza las autorizaciones estatales y distritales, aunque no afecta a las modalidades de lotería ya previstas legalmente.
El giro resulta especialmente significativo porque llega después de años de liberalización y regulación progresiva. La Ley 13.756, aprobada en 2018, abrió la puerta a las apuestas deportivas de cuota fija. Lo que siguió fue una expansión acelerada de plataformas, patrocinios, publicidad e influencers. El mercado terminó integrado en la industria del entretenimiento hasta el punto de que apostar dejó de presentarse como asumir un riesgo y empezó a venderse como una forma más de participar en el espectáculo deportivo.
La paradoja es que la regulación no consiguió cerrar la distancia entre el negocio y sus costes sociales. La respuesta actual del Estado parte precisamente de esa brecha.
Hasta ahora se habían concedido 85 autorizaciones, por un valor de 30 millones de reales cada una: 2.550 millones de reales abonados por las empresas. La nueva medida extingue esas autorizaciones por razones de interés público y establece que las compañías no tendrán derecho a indemnización por lucro cesante, inversiones realizadas o expectativas de continuidad.
El calendario tampoco deja demasiado espacio para la nostalgia empresarial. Desde la publicación de la medida quedaron prohibidos los nuevos depósitos. Los apostadores tienen hasta el 5 de octubre para retirar voluntariamente sus saldos; desde el día 6, los sitios y aplicaciones deberán quedar fuera de servicio. Entre el 9 y el 14 de octubre, las entidades financieras deberán devolver los recursos restantes y, cuando exista algún impedimento, la Caixa Econômica Federal asumirá esa devolución.
Pero cerrar las plataformas legales no significa que desaparezca el problema. La siguiente batalla será contra el mercado clandestino. El Gobierno prevé bloquear dominios y aplicaciones irregulares y restringir los medios de pago utilizados por operadores ilegales. Las sanciones podrán alcanzar los 2.000 millones de reales, además de la suspensión de actividades.
Y aquí aparece la cuestión que atraviesa toda esta historia: ¿qué llevó al Estado brasileño a pasar de abrir el mercado a intentar cerrarlo?
La respuesta no está únicamente en la economía. Está también en la salud pública.
En 2023, más de 28 millones de brasileños habían apostado durante los doce meses anteriores a la investigación citada por el Ministerio de Salud, y 10,9 millones presentaban un patrón de juego de riesgo o problemático. Entre 2018 y 2025, los atendimientos relacionados con juego patológico y problemas con apuestas aumentaron alrededor de un 140%. El coste social anual estimado alcanza 38.800 millones de reales, de los cuales 30.600 millones estarían relacionados con la salud.
La exposición tampoco termina en los adultos. Una investigación en escuelas públicas y privadas encontró que el 20,4% de los estudiantes ya había apostado online; entre los alumnos varones del último año de secundaria, la proporción alcanzaba el 49,7%.
Así, lo que comenzó como una discusión sobre libertad económica terminó convirtiéndose en una discusión sobre vulnerabilidad, salud, endeudamiento y responsabilidad pública.
Brasil no está simplemente cerrando aplicaciones. Está intentando desmontar una cultura que convirtió el azar en entretenimiento cotidiano y la esperanza de enriquecimiento rápido en producto comercial.
El verdadero desafío empieza ahora. Porque prohibir puede cerrar una puerta; impedir que el mismo negocio reaparezca detrás de otra pantalla exige algo mucho más difícil: fiscalización, educación, prevención y una política pública capaz de ofrecer alternativas allí donde la promesa del dinero fácil encontró terreno fértil.
Al final, el verdadero juego nunca estuvo solamente en el teléfono.
Estaba —y sigue estando— en qué decide una sociedad que merece ser protegido cuando el mercado aprende a convertir la vulnerabilidad en negocio.
