Entrevista a David Bote, presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y alcalde de Mataró
Desde la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y el Ayuntamiento de Mataró, David Bote, ha liderado la reivindicación de los municipios para reformar el Código Penal y endurecer el castigo a los delincuentes multirreincidentes. Bote reconoce que ver cómo personas delinquen de forma reiterada genera frustración tanto entre la ciudadanía como entre los cuerpos policiales y mantiene que las políticas restrictivas no son incompatibles con acciones sociales.
-Usted ha sido una de las voces municipales que ha liderado y presionado para reformar la ley sobre reincidencia. ¿Cuál era la necesidad que se detectaba desde el municipalismo para realizar esta modificación?
Había una sensación compartida entre muchos alcaldes y alcaldesas, determinados delitos reiterados estaban generando mucha frustración entre la ciudadanía y también entre los propios cuerpos policiales. Personas que acumulaban decenas de detenciones por hurtos o robos sin consecuencias penales y esto acababa transmitiendo la idea de que delinquir salía gratis. Esta ley es fruto de la presión del municipalismo porque nosotros somos quienes vivimos más cerca las inquietudes de la gente.
-Los críticos consideran que endurecer las penas no va a resolver el problema de fondo. ¿Cuál es su opinión?
Los problemas sociales no sólo se resuelven con el Código Penal. Nadie defiende esto. Pero también resulta evidente que una sociedad necesita normas, límites y consecuencias. Lo digo a menudo, no hay sociedad que avance si no afronta las desigualdades, pero tampoco renuncia al principio de autoridad. Quien la hace, la paga. La seguridad y las políticas sociales no son incompatibles, al contrario, deben complementarse.
-Una de las novedades es que los ayuntamientos se podrán personar como acusación particular…
Los ayuntamientos somos la administración más cercana. Esta ley da una nueva herramienta para tener un papel más activo ante aquellos reincidentes que alteran la convivencia. Ahora lo que necesitamos son instrucciones claras de cómo personarnos en los procedimientos judiciales y solicitar medidas cautelares en relación a los delincuentes multirreincidentes.
-¿Cómo condiciona la sensación de inseguridad en barrios concretos el hecho de que un pequeño grupo de delincuentes concentre muchos delitos?
A veces no estamos hablando de un problema generalizado, sino de un número reducido de personas que acumulan gran parte de los hechos delictivos. Pero esto tiene un enorme impacto en la percepción de los vecinos y en la convivencia. Cuando la gente ve impunidad repetida, se desgasta la confianza en el sistema.
-¿El debate sobre seguridad puede acabar alimentando discursos extremistas o simplificaciones sobre inmigración y delincuencia?
Es importante hablar claro y actuar. En la extrema derecha se la combate con gestión, pero también debemos entender el malestar de mucha gente. Si las instituciones no dan respuesta a los problemas cotidianos, otros intentarán aprovechar ese malestar con discursos simples y falsas soluciones. Es necesario combatir las mentiras y actuar con políticas útiles. La seguridad no puede ser patrimonio de nadie.
-Desde la Federación de Municipios de Catalunya se ha reclamado una mayor coordinación policial y más recursos judiciales. ¿La ley será suficiente sin inversión estructural?
No. La ley es necesaria, pero sola no resolverá nada. Necesitamos más recursos humanos, mayor coordinación policial, más juzgados y juicios más rápidos. Gobierno y Ministerio ya han anunciado refuerzos importantes y eso es positivo. La clave está en combinar reformas legales con más recursos y una mejor capacidad de gestión. Pero también necesitamos que todos estos nuevos recursos lleguen de forma equitativa a todo el territorio.
-La reforma de esta ley ha unido políticamente a partidos de diferentes esferas, desde el PSOE hasta el PP pasando por Junts. ¿La seguridad obliga a romper determinados tabúes?
La seguridad es un tema transversal. Cuando hablamos de convivencia y garantizar tranquilidad a la ciudadanía, creo que es positivo que haya grandes consensos. A veces la política se atasca demasiado en etiquetas y poco en soluciones.
-¿Cómo alcalde y como presidente de la FMC, que le preocupa más los datos reales de delincuencia o la desconfianza de la ciudadanía hacia las administraciones?
Los datos importan porque explican la realidad y también nos indican el camino sobre el que debemos trabajar, pero la confianza de la ciudadanía es igualmente fundamental. Puedes tener indicadores que mejoran, pero si la gente no lo percibe o no siente que las instituciones reaccionan, sigues teniendo un problema.
Y esto es lo que algunos partidos intentan aprovechar, generar confusión, ensuciar el debate público y alimentar el malestar por sacar rédito político.
-En ciudades como Mataró, ¿la multirreincidencia es un problema de seguridad, de exclusión social o de falta de capacidad judicial?
Desde Mataró hemos defendido siempre una respuesta equilibrada, mayor prevención, trabajo social y comunitario, pero también orden. Nada puede justificar que una persona delinca.
Evidentemente, afecta a la percepción de seguridad y la convivencia, pero también hay detrás de situaciones de mucha dificultad social. Ahora bien, también es cierto que durante años hemos tenido insuficientes herramientas judiciales ante personas que acumulaban muchos delitos y entraban y salían del sistema muy rápidamente.
-Mataró ha invertido en policía de proximidad y mediación comunitaria. ¿Qué ha funcionado mejor y qué claramente no ha dado resultado?
Cuando la policía conoce el territorio y trabaja coordinada y de forma transversal con los distintos servicios del Ayuntamiento, se pueden prevenir situaciones conflictivas.
La policía de proximidad funciona cuando es capaz de entender los barrios, acompañar a la gente y trabajar la convivencia desde la proximidad y la confianza. La seguridad no se construye sólo aplicando normas, sino generando complicidades y entendiendo la realidad social de cada comunidad. Esto no significa renunciar al orden, porque hay situaciones en las que se debe actuar con firmeza.
-En el debate sobre seguridad siempre aparece el riesgo de estigmatizar barrios o comunidades enteras. ¿Cómo se combate la delincuencia sin alimentar fracturas sociales?
El peor error que podemos hacer es identificar a un barrio con la delincuencia. Yo vivo en el barrio de Cerdanyola y sé perfectamente que es un barrio lleno de gente trabajadora, diversa y con un enorme potencial. Los problemas de convivencia los provocan personas concretas, no comunidades enteras.
Precisamente por eso hacemos una apuesta muy fuerte en este barrio con la Ley de barrios, porque queremos generar más oportunidades, mejorar el espacio público, reforzar los servicios y dar más recursos comunitarios. La seguridad también se construye así.
Hay que actuar con firmeza contra quien delinque, pero sin alimentar discursos que dividen o estigmatizan. Porque aquellos que señalan, no ayudan a mejorarlo. Nosotros lo que queremos es exactamente lo contrario, barrios cohesionados y futuro.
-Después de impulsar esta reforma legal, ¿qué resultado tangible espera poder trasladar a la ciudadanía en un año?
Esta reforma no solucionará todos los problemas de la noche a la mañana, pero sí debe permitir actuar con mayor eficacia. La gente debe notar que las instituciones responden y que quien delinque de forma reiterada no puede actuar con impunidad.
