Reconoce a las víctimas y prevé sanciones para propietarios que incumplan la norma de retirada
El Parlament de Catalunya ha aprobado la ley para erradicar al amianto, una norma que prevé eliminar el fibrocemento de edificios e instalaciones y que incorpora el reconocimiento de las víctimas. También dota a una regulación común, crea un censo catalán de registro de este material y fija un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para propietarios que incumplan las órdenes de retirada.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha destacado que es una ley «pionera» en Europa que inicia «la etapa definitiva» para eliminar este material.
La nueva legislación proporciona instrumentos inéditos para abordar el problema de forma integral, como la elaboración de un censo del amianto y la realización de inspecciones generalizadas. La ley establece un régimen sancionador específico y permite una gestión más ágil frente a la detección de materiales en mal estado. La consellera ha subrayado que «la ley que hoy presentamos nos da instrumentos que no teníamos, nos permitirá, en definitiva, actuar con más agilidad cuando se detecte amianto en mal estado y también establecer un régimen sancionador específico».
Por lo que respecta a las medidas con impacto directo en la ciudadanía, la normativa introduce nuevas obligaciones para garantizar la seguridad en el mercado inmobiliario y profesional. En este sentido, la consellera ha anunciado que desde el Govern «impulsaremos la obligatoriedad del certificado de presencia o ausencia de amianto en las compraventas y los alquileres de inmuebles anteriores al año 2002», además de crear un registro de empresas y profesionales capacitados para la retirada del material.
El texto rinde homenaje a quien más ha sufrido las consecuencias del fibrocemento. Paneque ha afirmado que «es justo que hagamos un reconocimiento solemne a todas las víctimas del amianto, a sus familias que han sufrido en primera persona las consecuencias devastadoras de este material», afianzando el compromiso de que las generaciones futuras no tengan que vivir esta exposición.
La consellera ha concluido que se trata de «una ley que nace de la conciencia de un problema que todavía lo tenemos en el presente, una herramienta que nos proporciona aquellas herramientas necesarias para seguir avanzando» y hacer que ese material contaminante pase definitivamente a la historia del país.
