El presidente español acusa a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid de desatender a las personas vulnerables y reclama «altura de miras» para aprobar nuevas medidas de vivienda
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha tenido que dejar el piso donde vivía desde hacía siete décadas y donde, según ha explicado el presidente, había pagado «religiosamente» el alquiler.
Desde Nueva York, donde el presidente español participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez ha afirmado que el desahucio no se habría producido si el Congreso hubiera aprobado el decreto de vivienda que el gobierno español llevó al pleno antes del verano. En este sentido, ha reclamado «responsabilidad» y «altura de miras» a los grupos parlamentarios para facilitar la aprobación de un nuevo texto.
El presidente español ha asegurado que su ejecutivo dará «una respuesta a esta tragedia social» y que volverá a activar un decreto de vivienda, aunque no ha concretado si lo aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes de la semana, tal y como reclama Sumar.
Sánchez ha recordado que el gobierno no dispone de suficientes apoyos en el Congreso y que, por tanto, necesita el apoyo de otras formaciones. En abril, Junts votó con el PP y Vox en contra del decreto de prórroga de los alquileres, mientras que los populares se abstuvieron. El nuevo texto debería contar, al menos, con el apoyo de los socios de la investidura.
«Hace falta altura de miras y responsabilidad» para dar respuesta a una «tragedia social» que, según Sánchez, afecta a ciudadanos de todo el Estado. El presidente ha apuntado que, si las administraciones competentes no realizan su trabajo, el ejecutivo español deberá articular una respuesta para el conjunto del territorio.
En este contexto, ha acusado a las administraciones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida de «hacer caso omiso» del problema de la vivienda, aunque considera que son las instituciones que tienen competencias en materia de protección social de las personas vulnerables.
«Es indignante ver responsables políticos que con dinero público se permite el lujo de comprar áticos con 200 metros de terraza y no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan ayuda», ha sentenciado.
Aumento del alquiler
Maricarmen es una mujer de 87 años que ha sido desahuciada del piso de Madrid donde vivía desde hacía siete décadas. La mujer había residido durante todos estos años en la vivienda por lo que pagaba un alquiler de 500 euros mensuales, pero después de que Urbagestión adquiriera el piso, la propiedad le exigió inicialmente 2.650 euros al mes y posteriormente rebajó la renta a 1.650 euros, unas cantidades que la mujer, con una pensión de unos 1.300 euros, no podía asumir.
Su caso ha generado una fuerte reacción política y social y ha vuelto a poner el foco en la situación de las personas mayores y vulnerables frente a los problemas de acceso a la vivienda.
