La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa investiga el presunto blanqueo de dinero relacionado con el rescate de 53 millones de euros que el gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez José Luis Calama dirige las diligencias y ha citado a Zapatero a declarar el 2 de junio. Es el primer expresidente de la democracia española investigado en una causa por corrupción.
Desde primera hora de este martes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional han registrado el despacho de Zapatero en Madrid, la agencia de publicidad de sus hijas y otras dos mercantiles. En una de ellas, en obras en el momento de la actuación policial, se entregó un requerimiento de información. Por orden del juez, también se remitieron requerimientos a la SEPI.
La reacción política, fragmentada
El PSOE pidió calma y apeló a la presunción de inocencia de su exlíder. Desde el partido se defendió que la derecha «nunca perdonó» los avances sociales del gobierno de Zapatero y se insinuó que la imputación podría tener un componente de persecución política.
El PP calificó los hechos de «gravedad extrema». El secretario general, Miguel Tellado, exigió la comparecencia del presidente del gobierno e identificó a Zapatero como su «principal consejero». Vox fue más lejos: su líder reclamó una moción de censura contra Sánchez y el secretario general del partido afirmó que «no se entendería» que el PP no la presentara.
Más Madrid hizo un llamamiento a la prudencia. Su diputada Tesh Sidi advirtió que sin información concluyente no se pueden sacar conclusiones y alertó de que la imputación podría acabar siendo instrumentalizada como arma política contra el gobierno. Sumar, por su parte, expresó «dudas» y reconoció que le «falta muchísima información» para pronunciarse.
Los sindicatos policiales defienden la investigación
Ante las críticas a la UDEF, los principales sindicatos de la Policía Nacional tomaron posición. El Sindicato Unificado de Policía mostró su «orgullo y respaldo total» a los agentes implicados y denunció que cuestionar a los investigadores es «inaceptable». Jupol reivindicó que los policías habían trabajado «con absoluta discreción, dedicación, rigor y profesionalidad» y reclamó para ellos el respeto que merece cualquier funcionario al servicio público. La Unión Federal de Policía calificó la investigación de «gran trabajo» y lamentó que los agentes hubieran sido «injustamente señalados» durante el proceso.
Qué era Plus Ultra
Plus Ultra era una aerolínea de recursos limitados que recibió 53 millones de euros a través de la SEPI para superar la crisis provocada por la pandemia. La investigación judicial trata de aclarar si detrás de ese rescate hubo pagos de comisiones ilegales y qué papel jugó Zapatero. El expresidente ya negó ante el Senado cualquier cobro a cambio de su intervención.
