Personal de servicios sociales, escuelas infantiles, OAC, bibliotecas y asociaciones feministas se manifestó ayer por el centro de Barcelona para exigir la renegociación del convenio colectivo. El gobierno no los recibió. La oposición, sí.
Ayer por la mañana, Barcelona vio cómo más de un millar de trabajadores municipales recorrían el centro de la ciudad para decirle al alcalde Jaume Collboni lo que su gobierno lleva meses sin querer escuchar: que el convenio colectivo aprobado el 30 de enero no funciona, que los servicios públicos de la ciudad están al límite y que, si no hay una negociación de verdad, la movilización no hará más que crecer.
La marcha, convocada por los sindicatos CGT, Intersindical y Àbacos, reunió a personal de servicios sociales, de las Oficinas de Atención Ciudadana, de las escuelas infantiles, del área de feminismos y de las bibliotecas municipales. Dos columnas partieron de puntos distintos — una desde la plaza de Espanya, la otra desde la calle de València — para juntarse frente a la facultad de la UB, en la plaza de la Universitat, y marchar juntas hasta la plaza de Sant Jaume. Allí, frente al Ayuntamiento, leyeron un manifiesto y exigieron que el gobierno se siente a negociar.
El convenio que lo ha encendido todo
El origen del conflicto es un texto aprobado hace poco menos de tres meses con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF, pero sin el visto bueno de los sindicatos que ahora lideran la protesta. El gobierno de Collboni lo presentó como un avance: la jornada laboral bajaba a 35 horas semanales para la mayoría de colectivos. El problema es que la letra pequeña cuenta otra historia.
Los trabajadores sostienen que las 35 horas se aplican de manera desigual, favoreciendo a los cuerpos de seguridad pero perjudicando a los trabajadores de atención directa. El nuevo texto, además, elimina derechos de conciliación y flexibilidad en sectores que ya de por sí tienen una carga emocional muy alta, y consolida la precariedad en servicios que mayoritariamente ocupan mujeres. La plantilla es insuficiente, las ratios en las escuelas infantiles están desbordadas y las externalizaciones siguen avanzando. Más trabajo, menos derechos, y un gobierno que hasta ahora no ha movido un dedo.
Collboni no los recibió. La oposición, sí
Aquí es donde la jornada de ayer adquiere un significado que va mucho más allá del conflicto laboral. La Intersindical había registrado el 18 de abril una instancia en el Ayuntamiento para pedir que el gobierno los recibiera al final de la manifestación, en la plaza de Sant Jaume. La respuesta fue silencio. Ningún representante del ejecutivo municipal apareció.
En cambio, en las puertas del Ayuntamiento sí había gente. Pero de la oposición. Concejales de Junts, ERC y Barcelona en Comú recibieron a los manifestantes y escucharon sus demandas. Desde Junts dejaron claro que su grupo ya había votado en contra del convenio porque consideraban que dejaba a colectivos clave sin ninguna respuesta concreta. Desde ERC subrayaron que la calidad de los servicios públicos y las condiciones de quienes los sostienen van de la mano, y que lo que ayer se veía en la calle es el resultado directo de ignorar a la plantilla. Los Comuns expresaron la misma preocupación.
Los tres grupos estudian forzar un pleno extraordinario para obligar al gobierno a dar explicaciones públicamente. Los números están: para convocarlo hacen falta once concejales, una cifra que Junts puede alcanzar en solitario, o que ERC y los Comuns pueden sumar sin problema.
La próxima parada: la huelga general
La Intersindical ha dejado claro que la manifestación de ayer es un paso, no un destino. Si el gobierno municipal sigue sin moverse, el aviso ya está sobre la mesa: huelga general dentro del Ayuntamiento. Y lo dicen en serio. El conflicto lleva meses escalando — las bibliotecarias ya habían hecho huelga el día anterior en solitario — y ayer el salto fue evidente, tanto en número de personas como en la unidad de unos colectivos que hasta ahora habían actuado por separado.
Collboni tiene ahora dos frentes abiertos a la vez. El de los trabajadores, que avisan de que han llegado al límite. Y el del consistorio, donde la oposición tiene los votos para forzarle un pleno que no le será cómodo. De momento, el gobierno ha optado por el silencio. Pero con más de un millar de personas gritando frente a su puerta, ese silencio tiene fecha de caducidad.
