La instrucción abierta en Andorra por un presunto circuito de venta irregular de relojes de alta gama ha avanzado a buen ritmo durante las últimas semanas. Un equipo mixto formado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por Antifraude del Servicio de Policía de Andorra ha citado a declarar a buena parte de los investigados, entre ellos varios futbolistas que hoy compiten en Primera División.
El operativo se activó con fuerza durante la segunda quincena de abril. Los agentes andorranos viajaron a territorio español y trabajaron junto a la UCO, después de que la Fiscalía española autorizara a este cuerpo a atender la comisión rogatoria del magistrado instructor del Principado.
Los jugadores imputados y el perfil que busca el instructor
El juez Joan Carles Moynat mantiene como investigados por contrabando a seis jugadores en activo con residencia en España: Daniel Carvajal (Real Madrid), Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar). Junto a ellos figuran imputados David Silva, ya retirado, y otros siete particulares españoles.
La imputación se activó como garantía de derechos, aunque el papel que el juez espera de los deportistas se acerca más al de un testigo: declaraciones lo más pegadas a los hechos posible. Con las respuestas pretende perfilar la actuación de los dos empresarios españoles vinculados a la firma andorrana que comercializó las piezas presuntamente al margen de la aduana.
Una de las preguntas centrales es si los jugadores subieron al Principado a recoger el reloj o si la pieza les llegó a España por otras vías. Así sucedió con David Silva: uno de los empresarios que le vendió un Patek Philippe de 120.000 euros en 2020 reconoció ante la Hacienda española que cerró la operación sin liquidar el IVA y que el reloj viajó hasta San Sebastián, donde jugaba entonces el futbolista, en manos de un trabajador de la firma.
Aquel empresario se comprometió a asumir los 26.279,63 euros de IVA que Hacienda reclamaba al jugador. La normativa andorrana, más estricta que la española, exige declarar cualquier producto que entre o salga del país por un valor superior a 50.000 euros y obliga a tributar el IVA en España cuando la venta se hace a un residente. Sobre ese engranaje se sostiene la sospecha: el juez defiende que las piezas ni se declaraban ni pasaban por caja.
Salida de prisión y nuevo eje de la investigación
A cada futbolista se le pregunta si fue a Andorra o si envió a alguien a recoger la pieza y, en caso afirmativo, que aporte los documentos de exportación. Si la respuesta es negativa, debe aclarar quién era el contacto, cómo llegó el reloj y quién se encargó del traslado. El contenido de estos interrogatorios todavía no se ha incorporado al sumario. La preferencia del juez era que las declaraciones las hicieran los andorranos y no se resolvieran por videoconferencia, porque Antifraude conoce la causa a fondo.
A la vez, el principal investigado, Diego G.C., salió de prisión el 24 de abril. El magistrado había ordenado su ingreso provisional tras la detención en Andorra el pasado octubre, pero este abril estimó el recurso de su abogado, Benjamí Rascagneres, del despacho Eurolex Advocats, y levantó la medida. La defensa sostuvo que veinte de los relojes atribuidos al contrabando estaban correctamente declarados.
Fuera ya de prisión y con dos declaraciones prestadas ante el instructor, la atención se desplaza hacia su socio en la empresa andorrana, Salvador R.R., en libertad en España pero con una orden de detención vigente si pisa el Principado. Algunas manifestaciones de los dos investigados se consideran contradictorias, aunque la causa ya permite dibujar el reparto de papeles: Salvador R.R., veterano del sector y conocido en Valencia, habría hecho de puente con los futbolistas; Diego G.C., una veintena de años más joven, habría asumido la parte operativa y el riesgo del transporte. El pasado 5 de septiembre, él mismo y un acompañante fueron interceptados en la aduana española con dos relojes en la muñeca, valorados en 104.000 euros, sin declarar.
