Artículo de Baltasar Garzón, jurista y escritor. Publicado en Infolibre. Parte 1
Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.
Aun así, no puedo por menos que preguntarme qué opinaría don Manuel de las continuas, desaforadas y malintencionadas sandeces de sus herederos políticos. Sin duda habría montado en cólera más de una vez ante tanta impertinencia y tal ausencia de sentido común.
Vivimos en una época en que, ciertamente, reina el disparate. En España, los disparates se suceden desde hace demasiado tiempo, casi siempre de la mano del Partido Popular, solo superado en ocasiones por la ultraderecha de Vox. La entrada del bulo en nuestras vidas marcó el inicio de los desatinos que han ido subiendo de tono hasta instalarse en la normalidad. Probablemente fueron las caceroladas contra el Gobierno en plena epidemia de COVID en el selecto barrio de Salamanca las que inauguraron esta nueva etapa.
El objetivo de la derecha y sus socios era y es la presidencia del Gobierno. Para ello han cuestionado su legitimidad, bloqueado cualquier medida favorable a la ciudadanía y echado mano de la justicia con especial predilección por los jueces afines, apoyados en organizaciones espurias que presentan querellas, anunciadas como sentencias antes de llegar a sala. La absurda condena al fiscal general del Estado y la incomprensible exención de enjuiciamiento de Cospedal en el caso Kitchen son apenas dos ejemplos de una estrategia que confunde los tribunales con trincheras electorales.
El espectáculo de la indignación selectiva
Existe un patrón que se repite con meticulosa constancia en la derecha española: la indignación selectiva, fabricada, cronometrada y orientada exclusivamente a la rentabilidad electoral. Tres episodios recientes lo ilustran con claridad meridiana.
El primero: la muerte del capitán Jerónimo y del agente Germán, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la costa de Huelva. Dos hombres que perdieron la vida en acto de servicio cuando las patrulleras en que viajaban colisionaron durante la persecución de una narcolancha, dejando otros dos compañeros heridos y dos familias destrozadas. Un hecho luctuoso que merecía duelo, respeto y análisis sereno. La derecha lo convirtió en escenario de campaña.
El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico en el litoral andaluz desde el propio funeral, convirtiendo el dolor colectivo en arma arrojadiza. Los senadores del PP se sumaron al ataque en sede parlamentaria con una virulencia que poco tenía de homenaje y mucho de explotación del duelo. Y Feijóo señaló con dedo acusador la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, omitiendo deliberadamente que en ese preciso momento el titular coordinaba desde Canarias la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius.
Lo que el PP calló es igualmente revelador: el Gobierno sí estuvo representado en el entierro, con la presencia de la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Interior. La indignación era, pues, fabricada. Una mentira por omisión construida sobre dos ataúdes.
El segundo episodio se articula en torno a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refirió a la muerte de los agentes como un accidente laboral en el debate electoral, en contraposición a la calificación de acto de servicio que defiende el PP. La distinción no es menor en términos jurídicos y administrativos, y admite debate legítimo.
Pero la derecha no buscaba debate: buscaba escándalo. Lo que era una cuestión técnica y jurídica, susceptible de análisis sereno, fue convertida por la maquinaria mediática y política de la derecha en un insulto a los caídos, en una provocación intolerable, en prueba de que el Gobierno desprecia a las fuerzas de seguridad. Ayuso no tardó en sumarse con la contundencia que la caracteriza. Los senadores del PP convirtieron el hemiciclo en tribuna de denuncia moral. El objetivo no era la verdad jurídica ni el honor del capitán Jerónimo y del agente Germán. Era el daño político, calculado y frío, ejecutado sobre el dolor de unas familias que merecían ser tratadas con una dignidad que la derecha les negó al convertirlas en instrumento de campaña.
La confrontación como método y el precio del ruido
El tercer episodio: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, constatando con visible desesperación que la evacuación del crucero MV Hondius resultaba un éxito internacional para España, no tuvo otra ocurrencia que advertir del peligro de las ratas que podían llegar nadando desde el barco a las islas para sembrar la enfermedad. Una afirmación que habría avergonzado a cualquier gobernante mínimamente responsable, pero que en el ecosistema político actual circuló sin mayor consecuencia. Curiosamente, la presencia de catorce españoles entre los pasajeros no despertó en él ni en sus correligionarios el más mínimo reflejo patriótico.
Tres episodios distintos. Un mismo método: deformar la realidad, amplificar la indignación, extraer rentabilidad política. Y al fondo, siempre, el ciudadano confundido, saturado de ruido, incapaz de distinguir el hecho de su manipulación. Esa confusión no es un efecto secundario de la estrategia. Es su objetivo principal.
