Según un estudio de Pimec, el 67% de las empresas ha visto candidatos rechazar una oferta laboral por problemas vinculados a la vivienda
Aproximadamente la mitad de las pymes catalanas ha limitado, aplazado o descartado decisiones de crecimiento por problemas vinculados a la vivienda y la movilidad de los trabajadores, según un estudio realizado por Pimec y la API. En concreto, un 28% ha renunciado a ampliar plantilla, un 16% ha aplazado proyectos y un 13% ha descartado abrir un nuevo centro.
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha explicado que «hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay vivienda o porque tiene unos costes que hacen imposible la contratación». En este contexto, el estudio indica que el 67% de las empresas se ha encontrado con candidatos que se han echado atrás tras recibir una oferta laboral por cuestiones relacionadas con la vivienda.
El estudio, elaborado por el Observatorio de la Pyme de Cataluña a partir de una encuesta a cerca de 400 empresas, constata que el 98% considera que el mercado de la vivienda de su zona está tensionado. Esta situación, según el informe, dificulta la captación de trabajadores y reduce el mercado laboral al que pueden acceder las empresas. «El mercado laboral real se hace pequeño y la consecuencia es que esto afecta a la capacidad de generar riqueza de las empresas», ha explicado el presidente del Observatorio, Oriol Amat.
Dificultades para cubrir vacantes
En este contexto, el 63% de las empresas afirma tener dificultades para cubrir vacantes y tres de cada cuatro aseguran que necesitan más tiempo que hace dos años para incorporar a nuevos trabajadores. El problema afecta especialmente a los puestos de trabajo presenciales y con retribuciones medias y bajas.
La vivienda y la movilidad se sitúan entre los factores que dificultan estas contrataciones. Entre las empresas con problemas para cubrir vacantes, un 31 por ciento apunta a trayectos demasiado largos o caros, un 28 por ciento a una mala conexión con transporte público y también hay compañías que señalan la falta de pisos asequibles o el coste de vivir cerca del puesto de trabajo.
La tensión residencial tiene también un impacto directo en los costes laborales. El 57% de las empresas asegura haber asumido sobrecostes durante procesos de contratación por problemas vinculados a la vivienda o desplazamientos, con un coste extra medio de 5.500 euros anuales.
«Vivienda más cara significa gasto de personal más elevado», ha afirmado Amat, quien ha señalado que el análisis de los datos muestra una correlación entre el precio de los alquileres y los costes de personal. En paralelo, el 82% de las empresas percibe que la problemática residencial genera presión al alza sobre los salarios.
Las dificultades se extienden también a la captación y retención de talento. Según los datos presentados, el 60% de las empresas se ha encontrado con candidatos que se han echado atrás antes de recibir una oferta por cuestiones relacionadas con la vivienda y el porcentaje asciende al 67% una vez presentada la oferta laboral.
Además, un 33% señala problemas de vivienda o desplazamiento entre los motivos de salida de trabajadores, casi la mitad de los cuales son jóvenes.
Ante este escenario, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la presidenta del Colegio de API de Barcelona, Montserrat Junyent, han pedido un Pacto Transversal por la Vivienda. Entre otras medidas, éste propone incrementar progresivamente la inversión pública hasta el 0,7% del PIB, movilizar suelo para vivienda asequible y social, reforzar la colaboración público-privada y simplificar los trámites administrativos.
