La multinacional francesa deberá demostrar la viabilidad de una propuesta que reduce en más de cien millones de euros las inversiones inicialmente previstas por el Área Metropolitana de Barcelona. Aqualia y Global Omnium califican la oferta de «totalmente injustificable». La adjudicación del mayor contrato del ciclo integral del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha entrado en una fase decisiva. Lo que parecía una clasificación prácticamente resuelta a favor de Veolia ha dado un giro relevante tras la decisión de la mesa de contratación de apreciar presunción de oferta anormalmente baja, obligando a la compañía francesa a justificar la viabilidad económica de su propuesta.
El origen de la controversia se encuentra en la magnitud de la rebaja ofertada para ejecutar las inversiones exigidas por el pliego. Mientras el AMB estima unas inversiones cercanas a los 170 millones de euros, Veolia presentó una oferta de 67,4 millones, frente a los 92,6 millones de la UTE liderada por Saur y los 119,5 millones de la UTE encabezada por Facsa. Según los cálculos de la propia administración metropolitana, ello supone reducciones del 60 %, 45,05 % y 29,10 %, respectivamente. Unas diferencias que superan el umbral previsto en los pliegos para presumir la existencia de ofertas anormalmente bajas y activar el procedimiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Un procedimiento garantista, no una descalificación
Conviene subrayar que la declaración de presunción de baja temeraria no implica la exclusión automática de ninguna empresa. La legislación obliga al órgano de contratación a conceder audiencia a los licitadores para que acrediten, mediante documentación técnica y económica, que su oferta puede ejecutarse correctamente gracias a mejoras organizativas, innovación tecnológica, economías de escala o cualquier otra circunstancia objetiva que justifique el menor coste. En consecuencia, será ahora el AMB quien deba valorar si las explicaciones ofrecidas resultan suficientes para mantener la clasificación provisional o, por el contrario, excluir alguna de las ofertas.
La reacción del sector
La respuesta de Aqualia y Global Omnium, clasificadas provisionalmente en segunda posición, no se ha hecho esperar. Ambas compañías consideran que la oferta de Veolia constituye una reducción «sin precedentes» en contratos de estas características y sostienen que una rebaja del 60 % genera dudas razonables sobre la capacidad de ejecutar las inversiones comprometidas sin afectar a la calidad del servicio. El comunicado conjunto eleva así el debate más allá de la competencia empresarial y lo sitúa en el terreno de la garantía del interés público y de la sostenibilidad económica del contrato.
Mucho más que una adjudicación
Fuentes del sector consideran que la resolución de este expediente podría marcar un precedente para futuras licitaciones de grandes infraestructuras hidráulicas. La decisión del AMB será observada con especial atención porque afecta a uno de los servicios públicos más sensibles para la ciudadanía y porque, previsiblemente, cualquier resolución podría dar lugar a recursos administrativos o incluso judiciales. La cuestión de fondo trasciende este contrato concreto: ¿debe prevalecer siempre la oferta económicamente más baja o la administración debe priorizar aquella que garantice con mayor seguridad la correcta ejecución del servicio?
La contratación pública no persigue únicamente el menor precio. Persigue la mejor relación entre coste, calidad, solvencia y capacidad de cumplimiento. En un contrato estratégico como el abastecimiento de agua a ocho municipios metropolitanos, esa diferencia puede resultar determinante. La decisión final del Área Metropolitana de Barcelona no solo resolverá una adjudicación millonaria: también contribuirá a fijar el criterio con el que deberán evaluarse, en el futuro, las ofertas extraordinariamente agresivas presentadas en servicios públicos esenciales.
