Del procés a la batalla por una nueva mayoría social
Cataluña vuelve a moverse. Y esta vez quizá lo verdaderamente importante no sea cuánto se mueve, sino hacia dónde. La última prospección electoral de Ipsos para La Vanguardia, realizada entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 sobre 2.000 entrevistas, no debe interpretarse como una predicción electoral. Una encuesta no son unas elecciones. Pero determinadas fotografías demoscópicas permiten detectar movimientos políticos y sociales que se están produciendo bajo la superficie.
Y ésta dibuja un cambio de enorme profundidad.
El PSC seguiría siendo primera fuerza, pero descendería de 42 a 30 diputados. Aliança Catalana pasaría de 2 a 30. ERC subiría de 20 a 23. Vox crecería de 11 a 18. Junts se desplomaría desde 35 hasta 16 y el PP retrocedería de 15 a 11. Comuns obtendría 4 y la CUP, 3. No estamos, por tanto, ante una simple oscilación electoral. Estamos ante la posibilidad de una transformación del sistema político catalán.
Cataluña puede estar dejando atrás el eje que enfrentó durante una década independentismo y constitucionalismo para entrar en otro mucho más complejo: el que enfrenta miedo y seguridad, exclusión e integración, identidad y derechos sociales, resentimiento y esperanza.
El independentismo no desaparece: muta. Para comprenderlo hay que mirar hacia atrás. En diciembre de 2017, después del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ciudadanos ganó las elecciones catalanas con 36 diputados. Junts obtuvo 34; ERC, 32; y el PSC apenas 17. La política catalana estaba prácticamente monopolizada por una pregunta: independencia sí o independencia no.
En mayo de 2024 aquella Cataluña ya había cambiado. Salvador Illa ganó con 42 diputados y aproximadamente el 28 % de los votos. Junts obtuvo 35; ERC, 20; PP, 15; Vox, 11; Comuns, 6; CUP, 4; y Aliança Catalana entró por primera vez en el Parlament con apenas 2 diputados. De los 17 diputados socialistas de 2017 a los 42 de 2024.

Pero la prospección de 2026 introduce una tercera fotografía. PSC y Aliança Catalana empatarían a 30 diputados; ERC alcanzaría 23; Vox, 18; y Junts, que protagonizó una parte fundamental del procés, quedaría reducido a 16.
El dato más importante quizá no sea, por tanto, la caída de doce diputados del PSC. El auténtico terremoto está en Junts. Perdería diecinueve. Conservaría solamente alrededor del 44% de quienes lo votaron en 2024 y aproximadamente un tercio de sus antiguos electores se desplazaría hacia Aliança Catalana.
Ese movimiento obliga a abandonar explicaciones demasiado sencillas. Una parte del electorado independentista no parece estar abandonando necesariamente su identidad catalana para desplazarse hacia posiciones constitucionalistas.
Está modificando la manera de expresar políticamente esa identidad. El independentismo no desaparece: muta.
Durante el procés, el adversario fundamental era España. Ahora, para una parte de ese electorado, el adversario puede ser la inmigración, la globalización, las élites, la inseguridad, la pérdida de identidad o el deterioro de las condiciones materiales de vida.
Y el fenómeno trasciende a Junts.
Aliança Catalana captaría también aproximadamente a uno de cada diez antiguos votantes del PSC y al 12% de quienes apoyaron a ERC. No estamos solamente ante independentistas que radicalizan su posición nacional.
Estamos ante la posible construcción de una identidad política nueva en la que confluyen soberanismo, nacionalismo identitario, protesta contra el sistema, rechazo a la inmigración y sensación de abandono.
Ese fenómeno no es exclusivamente catalán. Recorre Europa. Y ahí aparece una paradoja formidable. Aliança Catalana alcanzaría 30 diputados. Vox, 18. Son 48 escaños.

No forman un bloque político. Sus respectivos nacionalismos son frontalmente incompatibles. Para Vox, España constituye la nación; para Aliança Catalana, el proyecto es precisamente separarse de ella.
Pero ambos pueden alimentarse de un malestar parecido y aproximarse en cuestiones como inmigración, identidad o determinadas políticas de orden.
Dos nacionalismos que se rechazan mutuamente pueden estar creciendo sobre una misma sensación social de pérdida.
Ése es uno de los grandes mensajes de esta encuesta. Illa: perder escaños y ganar centralidad
El nuevo Parlament que dibuja la encuesta sería extraordinariamente difícil de gobernar.
PSC, ERC, Comuns y CUP sumarían 60 diputados, ocho por debajo de los 68 necesarios para la mayoría absoluta. La suma aritmética de Aliança Catalana, Vox, Junts y PP alcanzaría 75, pero esa suma resulta políticamente contradictoria por la incompatibilidad radical entre sus proyectos nacionales.
Incluso el independentismo podría recuperar sobre el papel la mayoría parlamentaria, aunque con Aliança Catalana convertida en su principal fuerza y con profundas diferencias respecto a ERC, Junts y la CUP.
En cambio, PSC, ERC y Junts sumarían 69 diputados.
Ahí aparece una de las aparentes contradicciones más interesantes del sondeo: Salvador Illa podría perder doce diputados y, sin embargo, continuar ocupando una posición decisiva en la articulación de acuerdos parlamentarios. Porque en un Parlament fragmentado no siempre resulta determinante quien más crece.
También lo es quien conserva capacidad para construir acuerdos. Y ése es precisamente el espacio político que ocupa hoy Salvador Illa. Durante los años más duros del procés parecía imposible encontrar un ámbito capaz de hablar simultáneamente a las diferentes Cataluñas. Illa ha intentado reconstruirlo sin negar la identidad catalana y sin convertirla en un instrumento de enfrentamiento permanente con España.
Cataluña puede ser profundamente catalana, española y europea al mismo tiempo. Industrial. Cultural. Empresarial. Plural. Abierta. Su fortaleza no debilita a España. La fortalece.
Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí conviene recordar el pasado, pero sin permanecer atrapados en él.
Durante la presidencia de Mariano Rajoy se produjo la etapa de máxima intensificación del conflicto independentista. El soberanismo había comenzado a crecer con enorme fuerza desde 2012 y posteriormente se sucedieron las elecciones de 2015, el referéndum unilateral de 2017, la declaración de independencia y finalmente la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Sería históricamente simplista atribuir aquel crecimiento exclusivamente a Rajoy. Existían causas sociales, económicas, identitarias e institucionales anteriores. Pero también puede sostenerse, como interpretación política, que la estrategia seguida por su Gobierno no consiguió reducir el independentismo y que la escalada de confrontación entre el Gobierno de España y las instituciones catalanas contribuyó a convertir durante años el conflicto territorial en el eje prácticamente exclusivo de la política catalana.
La llegada de Pedro Sánchez abrió una estrategia diferente. Podrán discutirse los indultos, la negociación, la amnistía y sus respectivos límites políticos y constitucionales. Deben discutirse en una democracia. Pero existe un resultado político difícil de ignorar: Cataluña dejó progresivamente de ocupar el centro de la política española como una emergencia territorial permanente.
Y cuando disminuyó el ruido del procés aparecieron nuevamente los problemas de la sociedad.









