La modificación del PGM reduce las reservas obligatorias en zonas con buena conexión en transporte público y da mayor margen a los municipios
La normativa que regula los aparcamientos en el área metropolitana de Barcelona cambia. La Comisión Territorial de Urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona ha aprobado definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), reforma impulsada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con la participación de 28 municipios.
El nuevo marco actualiza las obligaciones de aparcamiento tanto en las calles como en edificios e introduce criterios diferentes según la conexión de cada zona con el transporte público. La reforma busca también adaptar las reservas de estacionamiento a las políticas de vivienda, a las nuevas formas de movilidad ya los objetivos ambientales.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha defendido que la reforma permitirá adaptar las normas urbanísticas «a la realidad ya la diversidad territorial, a los nuevos requerimientos ambientales y también a la orientación del urbanismo actual».
Paneque ha situado entre los objetivos de la modificación la revisión de las plazas que los edificios deben reservar para vehículos. Según explicó, flexibilizar estas obligaciones puede favorecer tanto el uso del transporte público como la construcción de vivienda asequible.
El vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha remarcado que la reforma no pretende eliminar el vehículo privado ni restringir de forma generalizada el aparcamiento. La intención, ha señalado, es que las exigencias respondan mejor a las características de cada municipio y su nivel de accesibilidad.
Balmón también ha relacionado el cambio de criterios con la necesidad de favorecer la vivienda protegida, especialmente en un momento de emergencia habitacional.
Tres criterios según la conexión con el transporte público
Una de las principales novedades del nuevo PGM es que las exigencias de aparcamiento dejan de ser homogéneas y tienen en cuenta la facilidad para desplazarse en transporte público.
La normativa diferencia tres grandes ámbitos. El primero corresponde a las zonas situadas dentro de las Rondas de Barcelona, delimitadas por la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral. En estos espacios, en los que la densidad urbana y la oferta de transporte público son elevadas, se establecerá un número máximo de plazas de aparcamiento para turismos.
El segundo grupo lo forman las zonas situadas fuera de las Rondas pero con una buena conexión ferroviaria. En este caso, se considerarán especialmente los ámbitos situados a un máximo de 800 metros de una estación ferroviaria. Aquí las reservas mínimas obligatorias serán más bajas que las actuales, al considerar que los residentes disponen de más alternativas al vehículo privado.
El resto del territorio regulado por el PGM mantendrá reservas mínimas pero actualizadas de acuerdo con las características de cada municipio y el grado de dependencia del coche.
Menos obligaciones para las viviendas asequibles
La reforma también modifica las plazas que deben preverse cuando se construye un edificio nuevo, se amplía un inmueble o se cambia su uso.
A partir de ahora, los requisitos dependerán de dos factores principales: la actividad que se desarrolle en el edificio y su ubicación. La normativa incorpora también reservas específicas para bicicletas y vehículos de movilidad personal.
En el caso de los turismos, una de las novedades es que se podrán sustituir hasta el 25% de las plazas obligatorias para coches por plazas de motocicleta, con una equivalencia de tres plazas de moto por cada plaza de turismo.
Las viviendas asequibles y alojamientos comunitarios quedarán exentos de la obligación de disponer de un número mínimo de plazas de turismo. Lo mismo ocurrirá con los establecimientos de proximidad y con determinados equipamientos esenciales.
Por el contrario, los edificios de vivienda libre tendrán que mantener una reserva mínima de plazas para coches. Cuando estén situados dentro de las Rondas de Barcelona, también habrá un límite máximo, que se calculará según la superficie del edificio.
En el caso de alojamientos turísticos, la cantidad mínima de plazas dependerá del número de unidades de alojamiento.
La nueva normativa fija además reservas mínimas para bicicletas y vehículos de movilidad personal en edificios de cualquier uso, con la voluntad de incorporar estos medios de transporte a la planificación de los nuevos espacios.
Las calles podrán recuperar espacio para otros usos
El cambio de planeamiento también afecta al aparcamiento en la vía pública. Las nuevas reglas desvinculan las reservas de plazas de algunas figuras urbanísticas y las calculan a partir de factores como los usos previstos, la edificabilidad, la planificación de la movilidad y el diseño del espacio público.
El objetivo es que parte del espacio que actualmente se destina a aparcamiento pueda tener otras funciones en el futuro. Entre las posibilidades se encuentran actuaciones relacionadas con la movilidad, pero también con la mejora ambiental, la adaptación al cambio climático o la generación de espacios para la vida comunitaria.
La implantación de edificaciones o instalaciones de movilidad de más de 100 metros cuadrados de techo sobre rasante requerirá, además, la elaboración de un plan especial que concrete sus características.
Más capacidad de decisión para los municipios
El nuevo planeamiento da mayor margen a los ayuntamientos para adaptar las reservas de aparcamiento a las necesidades de sus barrios y municipios.
Entre las herramientas que incorpora se encuentra la posibilidad de reducir o dejar sin efecto determinadas reservas, reorganizar las plazas de las plantas subterráneas, intercambiar plazas entre diferentes tipos de vehículos o modificar su ubicación.
Los aparcamientos públicos también podrán incorporar nuevos usos vinculados a la movilidad. Algunos espacios sótanos, por ejemplo, podrán destinarse a actividades como los centros de distribución de última milla o los armarios de paquetería.
Los consistorios podrán establecer además regulaciones específicas para determinadas zonas cuando sus condiciones de movilidad o las características urbanas lo justifiquen.
