La diferencia entre el discurso público de la multinacional y su propuesta económica para gestionar el abastecimiento en ocho municipios metropolitanos abre interrogantes sobre la viabilidad de las inversiones y el coste final para los ciudadanos
Invertir en infraestructuras es imprescindible para garantizar la calidad del suministro de agua, renovar las redes de distribución y responder a los desafíos derivados del cambio climático. Así lo defendió Marta Colet, directora de Business Performance de Veolia España, durante la tercera edición del Foro CREO, celebrada el 14 de octubre. En su intervención, subrayó la necesidad de reforzar las infraestructuras críticas y mantener el esfuerzo inversor para afrontar los retos del sector.
Sin embargo, el discurso contrasta con la oferta presentada por la compañía para hacerse con la gestión del abastecimiento de agua en ocho municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La propuesta de Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), vinculada a Veolia, contempla una rebaja del 60% en los precios unitarios de las inversiones.
La diferencia plantea una pregunta que afecta directamente al interés público: si la propia compañía considera imprescindible invertir en la modernización de las infraestructuras, ¿cómo garantiza que podrá ejecutar las actuaciones previstas con unos precios tan inferiores a los inicialmente estimados?
Menos coste sobre el papel, más preguntas sobre el futuro
El plan de inversiones asociado al contrato se ha situado en torno a los 168,7 millones de euros, mientras que la valoración económica de la oferta de Veolia se ha cifrado aproximadamente en 67,4 millones. Son cifras que deben interpretarse atendiendo a la estructura del contrato y a los precios unitarios ofertados: una rebaja de estos precios no implica automáticamente que se vaya a ejecutar un 60 % menos de obras.
Precisamente por eso, resulta necesario conocer el detalle de la propuesta. ¿Se explica la reducción por economías de escala, mejores condiciones de compra, una planificación más eficiente o menores costes de ejecución? ¿Se mantienen las mismas actuaciones, los estándares de calidad y las garantías de durabilidad? ¿Qué mecanismos permitirán comprobar, a lo largo de una concesión de 25 años, que las inversiones se realizan en las condiciones comprometidas?
No se trata de cuestionar que una empresa pueda ofrecer precios más competitivos. Se trata de comprobar que el ahorro ofertado es realista y compatible con las necesidades de una infraestructura esencial para la población.
¿Quién pagará si las cuentas no salen?
La cuestión adquiere una dimensión especialmente sensible cuando se trata de un servicio básico como el agua. Si una oferta parte de unos costes inferiores a los previstos, es legítimo preguntar cómo se sostendrá económicamente la prestación durante las próximas décadas y qué ocurrirá si las previsiones no se cumplen.
En este contexto, hay una cuestión que la administración debería aclarar antes de cerrar la adjudicación: ¿qué garantías existen de que las diferencias entre los costes estimados y los ofertados no acabarán traduciéndose en mayores costes para los abonados?
Un eventual incremento de la facturación a los usuarios no puede darse por hecho ni atribuirse a la oferta sin pruebas. Pero tampoco debería ignorarse el riesgo de que desviaciones de costes, necesidades de inversión sobrevenidas o modificaciones contractuales terminen repercutiendo en las tarifas, si el marco contractual lo permite.
Por ello, la evaluación de la oferta no debería limitarse a comprobar qué empresa presenta el importe más bajo. También debe determinar si los precios son sostenibles, qué obligaciones de inversión se asumen, cómo se financiarán las actuaciones y qué protección tendrán los ciudadanos frente a posibles desviaciones.
Un contrato de décadas exige algo más que una oferta económica
El contrato del AMB afecta al abastecimiento de agua de ocho municipios y tiene un horizonte temporal de 25 años. La decisión, por tanto, no se limita a comparar propuestas económicas: compromete la gestión de una infraestructura esencial y condiciona su evolución durante una parte significativa de una generación.
En este escenario, el discurso sobre la necesidad de invertir debe ir acompañado de compromisos concretos, cifras transparentes y mecanismos de control verificables. Si Veolia sostiene que la modernización de las infraestructuras es imprescindible, su oferta debe permitir entender cómo se compatibiliza esa prioridad con la importante reducción de los precios unitarios presentada en el concurso.
La responsabilidad de la administración metropolitana es comprobarlo antes de completar la adjudicación. Y la obligación de cualquier operador que aspire a gestionar el servicio es explicar cómo garantizará su calidad y sostenibilidad económica a largo plazo.
Porque, en última instancia, la cuestión no es quién promete gestionar el agua por menos dinero sobre el papel, sino quién puede demostrar que mantendrá unas infraestructuras seguras, eficientes y bien conservadas sin trasladar a los ciudadanos costes que podrían haberse previsto desde el principio.
