Flávio Bolsonaro no es Jair Bolsonaro. Tiene su propia trayectoria, sus propias decisiones y la obligación de responder por ellas. Precisamente por eso, su candidatura debe evaluarse por lo que propone, por lo que ha hecho y por las personas con las que decide construir su proyecto, no únicamente por su parentesco con el expresidente.
Sin embargo, la campaña ha buscado convertir la herencia política de su padre en una ventaja. En su lanzamiento electoral, Flávio recuperó discursos de Jair Bolsonaro y presentó a su padre como una figura central de su relato político. En vez de establecer una distancia clara respecto a los episodios más graves del Gobierno anterior, ha defendido la imagen del expresidente y reivindicado su legado. La promesa de renovación queda así limitada por una pregunta elemental: ¿qué cambiaría de verdad si el proyecto que llega al poder sigue reivindicando al dirigente cuyo Gobierno dejó aquellas heridas?
El programa presentado por Flávio propone reducir la estructura del Estado, eliminar al menos diez ministerios, recortar cargos y gastos administrativos, reformular las reglas fiscales y limitar ciertos mecanismos de actuación del Supremo Tribunal Federal. También plantea endurecer la política penal, ampliar la capacidad penitenciaria y reducir la edad de responsabilidad penal para determinados delitos.
Es legítimo debatir el tamaño del Estado, la política fiscal y la seguridad pública. Pero una campaña responsable debe explicar cómo pretende alcanzar sus objetivos, quién pagará el coste de los recortes y qué garantías protegerán a la población. Anunciar un gran ajuste sin detallar suficientemente sus consecuencias no equivale a presentar una solución completa. Y proponer límites al tribunal constitucional exige explicar cómo se protegerá la independencia judicial, especialmente cuando el propio movimiento político ha mantenido una relación conflictiva con las instituciones de control.
En seguridad pública, la promesa de endurecimiento puede resultar atractiva para quienes están hartos de la violencia. Sin embargo, una política eficaz no se mide por el número de años de cárcel anunciados desde un escenario. Debe evaluarse por su capacidad para prevenir delitos, investigar redes criminales, reducir la impunidad, proteger a las víctimas y evitar que los barrios más pobres sean tratados como territorios donde cualquier abuso queda justificado por la palabra seguridad.
El programa de Flávio también propone una reducción de impuestos y una reforma administrativa. Pero la pregunta social sigue en pie: ¿cómo se mantendrán los servicios públicos, la atención sanitaria, la educación y las políticas de protección social si se recorta el aparato estatal sin explicar de forma convincente qué se eliminará, qué se preservará y cómo se garantizarán los derechos de quienes dependen de esos servicios?
En una elección presidencial, el país no está contratando a un comentarista para que señale defectos ajenos. Está eligiendo a quien tendrá que gobernar para todos, administrar recursos públicos, proteger derechos y rendir cuentas. La crítica a Lula no sustituye la obligación de Flávio de explicar cómo gobernaría, ni convierte automáticamente sus promesas en políticas viables.
La rachadinha: preguntas que una candidatura no puede despachar con un eslogan
Uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria de Flávio Bolsonaro es el caso conocido como rachadinha, referido a la supuesta devolución de una parte de los salarios de empleados de su antiguo gabinete en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. La Fiscalía de Río llegó a denunciarlo en 2020, acusándolo de participar en un esquema que habría desviado recursos públicos.
La evolución judicial del caso obliga a ser precisos. Las pruebas obtenidas durante la investigación fueron anuladas por decisiones de tribunales superiores, y la investigación quedó archivada. Por tanto, no sería correcto presentar la acusación como una condena ni afirmar que existe una sentencia que haya probado su culpabilidad en ese esquema. Flávio ha negado las irregularidades.
Pero tampoco es necesario fingir que el caso nunca existió. Las investigaciones periodísticas documentaron dudas sobre movimientos de dinero en efectivo, operaciones inmobiliarias y transacciones vinculadas a su entorno. Algunas de esas cuestiones no recibieron una respuesta pública que disipara todas las preguntas planteadas en su momento. La anulación de pruebas por razones jurídicas no equivale, por sí sola, a una sentencia que declare demostradas todas las sospechas; del mismo modo, la existencia de sospechas no autoriza a declarar culpable a una persona.
La cuestión política es otra: quien aspira a dirigir el país debe aceptar un estándar exigente de transparencia, especialmente cuando las controversias afectan al uso de recursos públicos y a la relación entre la función parlamentaria y el patrimonio personal. La ciudadanía tiene derecho a preguntar de dónde procede el dinero, cómo se explican determinadas operaciones y qué mecanismos de control impiden que los cargos públicos se conviertan en instrumentos para el beneficio privado.
Hay, además, una incoherencia difícil de ignorar en un movimiento que construye buena parte de su identidad electoral alrededor de la denuncia de la corrupción ajena. Quien pretende presentarse como la respuesta moral a los defectos de sus adversarios debe estar dispuesto a responder con el mismo rigor sobre su propia trayectoria. No puede exigir transparencia a los demás y reclamar que las preguntas sobre su entorno se consideren automáticamente persecución política.
La política no debe funcionar como una absolución hereditaria. El apellido no convierte a nadie en culpable, pero tampoco lo exime de dar explicaciones.
El caso de Ana Clara: la política detrás de una defensa judicial
La trayectoria profesional de Flávio Bolsonaro ha vuelto a generar controversia por su participación como abogado en la defensa del policía militar Bruno Dias Delaroli, acusado de la muerte de Ana Clara Gomes Machado, una niña de cinco años alcanzada por un disparo en Niterói en febrero de 2021.
Según la acusación del Ministerio Público de Río de Janeiro, el disparo que mató a la niña fue efectuado por el policía durante una operación. El agente niega que el tiro mortal procediera de su arma y sostiene que disparó durante un enfrentamiento. El proceso no había concluido en una condena cuando este asunto volvió a la discusión pública: la Justicia determinó que el policía debía ser sometido a un jurado popular, y la defensa intentó revertir esa decisión mediante recursos judiciales. Flávio figuró entre los abogados que actuaron en esa estrategia de defensa.
Conviene decirlo claramente: defender jurídicamente a una persona acusada de un delito forma parte del derecho de defensa y no convierte al abogado en responsable del crimen que se investiga. La acusación contra el policía no equivale a una sentencia de culpabilidad, y la actuación profesional de Flávio no demuestra que participara en la muerte de la niña. La responsabilidad penal debe establecerse en el proceso correspondiente.
Pero la dimensión política de la elección de un abogado también puede ser objeto de debate público. Flávio ha construido su carrera dentro de un movimiento que se presenta como defensor de la familia, la seguridad y el orden. En ese contexto, su participación en la defensa de un policía acusado de la muerte de una niña durante una operación policial plantea una pregunta legítima sobre qué entiende su proyecto por seguridad pública y cómo aborda la responsabilidad de los agentes del Estado.
La cuestión no es si un acusado merece defensa: la merece. La cuestión es si la seguridad se concibe únicamente desde la protección de la autoridad armada o si también incluye el derecho de los ciudadanos —incluidos los niños y las familias de los barrios populares— a no quedar expuestos a la violencia estatal. Una política de seguridad democrática debe proteger a la población y garantizar que cualquier abuso sea investigado, sin presuponer la culpabilidad de los agentes ni concederles impunidad por llevar uniforme.
Ana Clara no debe convertirse en un simple instrumento electoral, ni su muerte puede reducirse a una frase de campaña. Su historia exige más seriedad que eso. Y precisamente por esa razón resulta legítimo preguntar qué principios orientan a quienes aspiran a gobernar el país cuando hablan de seguridad, justicia y derechos humanos.
Alfredo Gaspar: el compañero de fórmula también importa
Flávio Bolsonaro eligió como candidato a vicepresidente al diputado federal Alfredo Gaspar, de Alagoas, del mismo Partido Liberal. La composición de la candidatura es relevante porque un vicepresidente no es un accesorio de campaña: forma parte de la fórmula que se presenta al electorado y puede llegar a ejercer la Presidencia.
La elección de Gaspar fue acompañada de controversias públicas. En 2026 se difundieron acusaciones de violencia sexual contra una menor, que él negó. La Fiscalía General de la República consideró que no existían elementos suficientes para sostener la apertura de una investigación, y el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, archivó el pedido. En su decisión, el tribunal señaló que los materiales reunidos no proporcionaban una base indiciaria suficiente y que las versiones y elementos presentados no estaban corroborados de manera independiente. Por tanto, no es correcto presentar esa acusación como un delito probado ni afirmar que Gaspar haya sido condenado por ella.
Ese desenlace jurídico debe respetarse. También debe respetarse el principio de que las acusaciones graves requieren pruebas y no pueden utilizarse como armas electorales sin sustento. Pero la selección de un compañero de fórmula sigue siendo una decisión política por la que el candidato presidencial debe responder: qué cualidades busca en su vicepresidente, qué trayectoria considera adecuada y qué tipo de liderazgo quiere ofrecer al país.
La campaña de Flávio ha presentado a Gaspar como un aliado de confianza y un defensor del orden. Esa elección merece ser examinada a partir de su trayectoria pública, sus propuestas, su actuación política y las decisiones que tome en el ejercicio de sus funciones. No hace falta convertir una acusación archivada en una condena para cuestionar si la fórmula ofrece respuestas convincentes a los problemas de Brasil.
En una democracia, el estándar no puede ser la ausencia de una condena penal. También importa la capacidad de gobernar, el respeto por las instituciones, la transparencia y la disposición a someterse al escrutinio público. Y esa evaluación debe aplicarse a todos los candidatos, incluidos quienes prometen restaurar una supuesta superioridad moral de la política.
Una campaña que mira hacia atrás mientras promete avanzar
La campaña de Flávio Bolsonaro se presenta como una alternativa al Gobierno de Lula, pero también se apoya de manera explícita en la figura de Jair Bolsonaro. El lanzamiento electoral recurrió a discursos del expresidente y a una narrativa de enfrentamiento con las instituciones, mientras el candidato reivindicaba el legado de su padre. Es difícil llamar renovación a una candidatura que hace de la continuidad familiar uno de sus principales activos políticos.
Su propuesta de limitar el poder del Supremo Tribunal Federal debe analizarse en ese contexto. Reformar el funcionamiento de una corte puede formar parte de un debate institucional legítimo. Sin embargo, cuando esa propuesta convive con una tradición política de ataques a los tribunales y cuestionamientos al sistema electoral, la ciudadanía tiene motivos para exigir garantías concretas: ¿qué límites se plantean?, ¿qué controles permanecerán?, ¿cómo se evitará que una reforma institucional se convierta en una herramienta para debilitar a quienes fiscalizan al poder?
La misma exigencia debe aplicarse a la política económica. Los recortes anunciados pueden presentarse como una promesa de eficiencia, pero las cifras de ministerios eliminados no explican por sí mismas qué sucederá con los servicios que prestan. Un Estado puede ser ineficiente y necesitar reformas; también puede ser indispensable para garantizar que una familia no quede sin atención médica, que un niño tenga acceso a la escuela y que una persona desempleada no caiga en la indigencia. La discusión no debería ser cuánto se puede recortar para impresionar a una audiencia, sino qué Estado necesita Brasil para ofrecer seguridad material y derechos efectivos.
En el terreno de la soberanía, Flávio ha acusado al Gobierno de Lula de haber debilitado la posición brasileña ante Estados Unidos. Pero la soberanía no se demuestra con una frase contundente ni con una competición de gestos patrióticos. Se demuestra en la capacidad de negociar sin someterse, defender los intereses nacionales, proteger a la población y mantener relaciones internacionales que no conviertan a Brasil en instrumento de las disputas de otros gobiernos.
Una política exterior soberana puede mantener relaciones con Estados Unidos, China, Europa y los países vecinos sin adoptar la lógica de obediencia a una potencia. El problema aparece cuando la lealtad personal a un líder extranjero parece pesar más que el interés de la propia ciudadanía. Un país no es un trofeo ideológico que deba entregarse a quien prometa castigar a sus adversarios.
Y hay una cuestión de fondo que la campaña de Flávio no puede resolver con la simple invocación de la seguridad: la democracia no consiste en que el vencedor pueda hacer lo que quiera. Consiste en que el poder tenga límites, que los derechos no dependan de la simpatía del gobernante y que la oposición pueda existir sin ser tratada como una amenaza que deba eliminarse.
