El Congreso de los Diputados rechazó el martes el Real Decreto que obligaba a prorrogar los contratos de alquiler que vencieran entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, con la abstención del PNV, enterraron una medida que el movimiento inquilino consideraba insuficiente pero necesaria: sin ella, hasta un millón de familias podrían verse forzadas a abandonar sus hogares en los próximos dos años.
La Confederació de Sindicats d’Inquilins va anunciar tot seguit una «primavera de mobilitzacions». La primera convocatòria és el 24 de maig a Madrid, amb una manifestació a Atocha a les 12.00 hores. Des de la confederació qualifiquen el resultat de la votació com una expressió de «prioritat rentista» per part dels grups que la van impulsar, i sostenen que el rebuig deixa milers de llars sense protecció en un moment en què els preus del lloguer no paren de pujar.
Desde Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha adoptado una posición aún más contundente. La organización ha avanzado que en las próximas semanas hará públicos los pasos para caminar hacia una huelga general. Su apuesta va más lejos que la de la confederación estatal, que de momento prefiere centrar las movilizaciones en la vivienda sin vincularlas a las reivindicaciones laborales.
Vivienda y trabajo, una alianza en construcción
El Sindicat de Llogateres había presentado días antes la Plataforma por un trabajo y una casa dignas, una coalición que agrupa organizaciones de vivienda y trabajo como la PAH, la CGT y la Intersindical. La portavoz Isi Sáez ha subrayado que unir la lucha por el techo con la lucha por los derechos laborales es «hoy más imprescindible que nunca», y ha avanzado que el 1 de mayo será la primera movilización conjunta de la plataforma. Se esperan nuevas adhesiones en las próximas semanas.
El horizonte que maneja la plataforma es la huelga general, si las instituciones no responden con medidas efectivas. Por ahora, el objetivo inmediato es construir una base social amplia que pueda sostener una presión creciente y coordinada.
Acompañamiento jurídico para los inquilinos sin prórroga
Mientras prepara las movilizaciones, la Confederación ha puesto en marcha una campaña de asesoramiento para los inquilinos afectados por la caída del decreto. En las últimas semanas ha distribuido más de 16.000 modelos de prórroga y ha elaborado cuatro documentos para ayudar a los arrendatarios a responder las objeciones más frecuentes de los propietarios que se niegan a renovar.
El Sindicat de Llogateres ha dejado claro que las prórrogas solicitadas mientras el decreto estaba en vigor siguen siendo legalmente válidas y que los arrendadores están obligados a respetarlas. La organización alerta de que probablemente habrá intentos de confundir a los inquilinos sobre este punto, y ha publicado en su web materiales para orientarlos.
La campaña de desobediencia civil y acción sindical bajo el lema Nos Quedamos sigue activa, dirigida tanto a los inquilinos que se acogieron a la prórroga como a los que no llegaron a tiempo de hacerlo.
Diecisiete meses seguidos como el problema principal del país
La vivienda lleva diecisiete meses consecutivos encabezando el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, por delante del paro y de la situación económica general. Los datos del Ministerio de Consumo muestran la dimensión del problema: 632.369 contratos de alquiler vencen este año en España, lo que afecta a cerca de 1,63 millones de personas. Si se amplía el cálculo hasta 2027, el número de contratos sube al millón y el de personas afectadas a 2,68 millones, con subidas de renta estimadas en una media de 1.730 euros anuales por familia.
En Cataluña, la distancia entre salarios y alquileres es especialmente acusada. Los sueldos han crecido alrededor de un 20% en cinco años; los precios del alquiler en las capitales de provincia, casi un 60%. Una diferencia que ya era difícil de asumir con el decreto vigente y que ahora queda sin ningún colchón institucional que la amortigüe.
