Lo que está en juego con Lula
Defender la continuidad de Lula no significa afirmar que su Gobierno carezca de errores, contradicciones o decisiones discutibles. Ningún gobierno democrático debería quedar exento de crítica, y ningún dirigente debe recibir un cheque en blanco por representar a un campo político determinado.
La diferencia está en el proyecto de sociedad que se pone en juego. Durante los gobiernos de Lula, las políticas de transferencia de renta y los programas sociales se convirtieron en instrumentos centrales de la lucha contra el hambre y la pobreza. El regreso de Bolsa Família, junto con otras medidas sociales, formó parte de la estrategia de recuperación de la protección pública para las familias con menos recursos. En 2025, la FAO confirmó que Brasil había vuelto a salir del Mapa del Hambre, al situarse por debajo del umbral del 2,5 % de subalimentación utilizado en esa medición. Ese dato no significa que el hambre haya desaparecido ni que todos los problemas de pobreza estén resueltos. Significa que se produjo una mejora relevante en un indicador fundamental de seguridad alimentaria.
El mercado laboral también registró avances. Según el IBGE, la tasa anual de desempleo fue del 6,6 % en 2024, la menor de la serie iniciada en 2012 hasta ese momento. Los resultados económicos dependen de múltiples factores y deben analizarse con cuidado, pero la evolución del empleo, la renta y el acceso a las políticas públicas importa especialmente para quienes viven de su trabajo y no disponen de patrimonio que amortigüe una crisis.
La discusión electoral no debería convertir estos avances en propaganda acrítica. Debe preguntar qué políticas los hicieron posibles, qué limitaciones siguen presentes y qué medidas pueden consolidarlos. Sin embargo, tampoco es serio ignorar los indicadores positivos mientras se promete una reducción drástica del Estado sin explicar de manera suficiente cómo se protegerán los derechos sociales.
Para una familia que depende de la sanidad pública, una persona que busca empleo, una mujer que necesita autonomía económica o un estudiante que aspira a acceder a la universidad, las decisiones presupuestarias no son abstracciones. Tienen consecuencias sobre la mesa, el alquiler, el transporte, la salud y las posibilidades de construir una vida digna.
La continuidad de Lula representa, para quienes apoyaron la movilización de Sorocaba, la posibilidad de profundizar políticas sociales y preservar un marco democrático frente al retorno de una corriente política asociada a ataques institucionales, negacionismo sanitario y hostilidad hacia distintos grupos sociales. Ese apoyo no elimina el deber de exigir resultados al Gobierno; precisamente porque los derechos importan, debe existir vigilancia ciudadana sobre quienes prometen defenderlos.
Sorocaba frente a la resignación
Las imágenes de la concentración muestran una movilización plural, con banderas de organizaciones políticas, símbolos de movimientos sociales y participantes que expresaban sus convicciones de distintas maneras. También muestran una realidad que suele perderse en el ruido de las campañas nacionales: la democracia no es únicamente una pugna entre candidatos. Es la suma de personas que deciden ocupar el espacio público para decir qué país quieren y qué límites no están dispuestas a aceptar.
La presencia de personas LGBTQIA+, militantes de izquierda, ciudadanos comprometidos con la educación y participantes que acudieron a expresar su rechazo al bolsonarismo no elimina las diferencias que existen entre ellos. Lo que hace es situar esas diferencias dentro de una acción común: la defensa de derechos y de un orden político en el que ninguna familia, partido o dirigente pueda apropiarse del país.
La poesía y las intervenciones políticas del acto recordaron que la resistencia democrática no se expresa únicamente mediante la confrontación. También aparece en la cultura, en la solidaridad y en la voluntad de mantener abierto un espacio común. Frente a un discurso que convierte a los adversarios en enemigos, reunirse pacíficamente para defender derechos es una manera de afirmar que la pluralidad no constituye una amenaza, sino una condición de la vida democrática.
En una campaña marcada por la polarización, es fácil que la política se convierta en una competición de agravios. Pero la polarización no vuelve equivalentes todos los proyectos ni borra la responsabilidad de quienes ejercen el poder. La crítica a Jair Bolsonaro y a la candidatura de Flávio no necesita fingir que todas las posiciones son iguales. Se apoya en decisiones concretas, en propuestas públicas y en preguntas legítimas sobre democracia, derechos, transparencia y justicia social.
La movilización de Sorocaba no fue una respuesta a un único discurso ni a una sola polémica. Fue una forma de decir que la sociedad no está condenada a aceptar la herencia política que una familia pretende transmitirle. Que el poder no es patrimonio dinástico. Que un apellido no constituye un programa de gobierno y que el pasado de un dirigente no desaparece cuando su hijo ocupa el lugar que él deja vacante.
No queremos otro Bolsonaro en el poder
La pregunta que deja la manifestación es sencilla, aunque sus consecuencias sean profundas: ¿qué Brasil queremos construir y qué estamos dispuestos a tolerar para alcanzarlo?
No queremos otro Bolsonaro en el poder porque no queremos volver a una política que convierte la ciencia en sospechosa, los derechos humanos en una molestia, la diversidad en un enemigo y las instituciones democráticas en obstáculos que deben ser sometidos. No queremos repetir una gestión de la pandemia marcada por la minimización del peligro, los enfrentamientos con las autoridades sanitarias y una tragedia que dejó cientos de miles de familias de luto. No queremos un Gobierno que trate la protección ambiental como un estorbo y que permita que la violencia y la desigualdad se disfracen de orden.
Y tampoco queremos que la continuidad de ese proyecto se presente como renovación simplemente porque el candidato tenga otro nombre de pila. Flávio Bolsonaro debe responder por su propio programa, sus alianzas, su trayectoria y las controversias que rodean su vida pública. La candidatura no puede escapar del escrutinio mediante el argumento de que las críticas al padre serían ataques personales contra el hijo. Cuando se reivindica un legado político, también se heredan las preguntas sobre él.
La democracia no exige que todos los ciudadanos piensen igual, voten igual o compartan una misma visión del país. Exige algo más difícil: que el poder respete los límites constitucionales, que los derechos no dependan de la identidad de quien los reclama y que las derrotas electorales no se conviertan en excusas para atacar las reglas que permiten la convivencia.
El domingo 18 de octubre, las calles de Sorocaba fueron escenario de una afirmación política: Brasil puede escoger entre la nostalgia autoritaria y la posibilidad de construir un futuro más justo. Entre el miedo como instrumento de gobierno y la protección de los derechos. Entre la exaltación de un apellido y la responsabilidad de rendir cuentas ante la ciudadanía.
El país no necesita una familia que se crea destinada a gobernarlo. Necesita instituciones que funcionen, servicios públicos capaces de proteger a la población, políticas que reduzcan el hambre y la desigualdad, una economía que genere oportunidades y un sistema democrático que no obligue a nadie a renunciar a sus derechos para ser considerado parte de la nación.
La lucha contra el fascismo no termina con una manifestación ni se resuelve en una sola elección. Exige memoria, vigilancia y participación. Pero empieza por negarse a normalizar aquello que amenaza la democracia y por comprender que la libertad no consiste en entregar el poder sin límites a quien grita más fuerte.
Sorocaba salió a la calle para decir que el futuro de Brasil no pertenece a los Bolsonaro. Pertenece a su ciudadanía. Y esa ciudadanía tiene derecho a elegir un país en el que la dignidad no sea un privilegio, la justicia no sea una consigna vacía y la democracia no sea una promesa que se abandona cuando el resultado electoral deja de favorecer a quienes se consideran sus propietarios.
