Los micrófonos abiertos tienen una virtud democrática: despojan a los políticos de sus discursos preparados y muestran cómo piensan cuando creen que nadie les escucha. Lo ocurrido en Les Corts Valencianes, con dos diputados de Vox llamando «bruja» a una diputada socialista y comentando con aparente satisfacción una filtración relacionada con una fiscal, no es una simple anécdota parlamentaria. Es una radiografía de una determinada forma de entender la política.
Empecemos por lo evidente. «Bruja». No «sectaria», no «equivocada», no «radical». Bruja. Un insulto reservado históricamente para mujeres incómodas, independientes o con poder. Durante siglos, la palabra sirvió para justificar la persecución de mujeres que desafiaban el orden establecido. Hoy sigue utilizándose para desacreditar a mujeres que ocupan espacios de poder. No es un insulto neutro. Es un insulto profundamente machista.
Hay quien dirá que es una expresión coloquial, fruto de una conversación privada. Precisamente ahí reside el problema. Porque cuando desaparecen los focos aflora el pensamiento auténtico. Y lo que aflora es la persistencia de un imaginario profundamente reaccionario en el que la mujer que hace política desde la izquierda no es una adversaria, sino alguien a quien ridiculizar desde un estereotipo de género.
Pero la conversación deja otra cuestión todavía más inquietante. Si representantes públicos hablan con tanta naturalidad sobre una filtración relacionada con una fiscal, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse quién filtra, a quién y con qué finalidad. No se trata únicamente de una cuestión jurídica. Es una cuestión democrática.
España lleva años instalada en un clima en el que determinadas investigaciones judiciales, determinadas filtraciones y determinados titulares parecen marcar el ritmo de la confrontación política. El PSOE y el Gobierno han denunciado reiteradamente la existencia de una estrategia de desgaste basada en la utilización política de procedimientos judiciales y de información reservada. Sus adversarios rechazan esa interpretación y sostienen que las investigaciones responden exclusivamente al funcionamiento ordinario de la justicia. Ese debate está abierto y seguirá estándolo.
Lo verdaderamente preocupante es que episodios como el vivido en Les Corts alimentan inevitablemente la sospecha. Cuando algunos dirigentes políticos parecen conocer antes que nadie determinados movimientos judiciales o celebran filtraciones como si formaran parte del combate partidista, resulta legítimo preguntarse si existe una preocupante proximidad entre determinados ámbitos políticos, judiciales y mediáticos. La confianza en las instituciones no se protege ignorando estas dudas, sino despejándolas con transparencia.
Sería irresponsable convertir una sospecha en una sentencia. Pero sería igual de irresponsable exigir a la ciudadanía que ignore las coincidencias cuando estas se repiten una y otra vez. En democracia, la apariencia de imparcialidad institucional es casi tan importante como la imparcialidad misma. Si la ciudadanía llega a pensar que determinadas actuaciones judiciales benefician sistemáticamente a un determinado bloque político o perjudican a otro, el problema deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en un problema democrático.
La derecha española lleva años proclamando que el Gobierno carece de legitimidad política. Mientras tanto, una parte del debate público gira constantemente alrededor de causas judiciales, filtraciones interesadas y procesos que, con independencia de cuál sea finalmente su desenlace, tienen un enorme impacto político desde el mismo momento en que trascienden. Es legítimo preguntarse si algunos actores han asumido que los tribunales pueden convertirse, voluntaria o involuntariamente, en un escenario más de la confrontación política. Precisamente por eso resulta imprescindible que la independencia judicial no solo exista, sino que sea percibida como incontestable.
Los micrófonos abiertos no han descubierto únicamente un insulto machista. Han revelado una forma de hacer política basada en el desprecio al adversario y han reabierto un debate incómodo sobre la circulación de información sensible y la salud de nuestras instituciones. Combatir el machismo es una obligación democrática. Garantizar que la justicia permanezca al margen de cualquier sospecha de utilización política también lo es.
