Barcelona llevaba demasiado tiempo sin un marco normativo propio para los mercados ambulantes. La regulación del sector se había ido resolviendo sin una norma específica que ordenara las autorizaciones, los espacios ni las condiciones de actividad. El gobierno municipal de Jaume Collboni ha decidido poner fin a esa situación y ha iniciado la tramitación de una ordenanza que regulará, por primera vez, los mercados de venta no sedentaria de la ciudad. Más de 70 mercados quedarán amparados por la nueva normativa, que toma como referencia el marco que establece la legislación catalana en materia de comercio, con el objetivo de que entre en vigor en el primer trimestre de 2027.
La comisión de gobierno dio el pistoletazo de salida al proceso la semana pasada. Ahora se abre el período de consulta pública previa, durante el cual personas y organizaciones que puedan verse afectadas por la futura norma podrán presentar sus aportaciones. Cerrado ese trámite, llegará la aprobación inicial, la exposición pública y, finalmente, el debate y la votación en el Consell Plenari.
Licencias individuales por quince años
El cambio más relevante es el del modelo de licencias. La ordenanza establecerá que los mercados de vendedores que se instalen en espacios públicos de forma periódica —con una frecuencia mínima de dos veces por año— deberán tramitar licencias individuales con una vigencia de quince años prorrogables. El sistema actual, basado en licencias colectivas, quedará extinguido. Las nuevas licencias individuales lo sustituirán, y los vendedores vinculados a las antiguas colectivas que puedan acreditar actividad durante el último año podrán acogerse al régimen de transición.
La normativa prevé un año de adaptación para las licencias vigentes y el compromiso de analizar los casos en que un mismo titular concentre más de una. El objetivo es que ningún vendedor pierda su actividad por un cambio de modelo. Mientras dure la tramitación, no se concede ninguna licencia nueva.
La teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Empleo, Raquel Gil, ha subrayado que la nueva ordenanza dotará a Barcelona por primera vez de un marco regulatorio específico para unos mercados que, a su juicio, aportan valor comercial, generan empleo y complementan la oferta del comercio de proximidad.
La agricultura de proximidad, un debate abierto
La tramitación llega en un momento de relación tensa entre el consistorio y el sector de los mercados de agricultores. A principios de 2025, el cierre de dos mercados de agricultores —uno en Sant Antoni y otro en Vallcarca— generó una fuerte reacción. La Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana (APiCM) emitió un comunicado en el que aseguraba que esos espacios eran imprescindibles para que los pequeños productores pudieran mantener su actividad, y advertía de que su clausura ponía en riesgo la viabilidad de ese modelo productivo.
La consulta pública que ahora se abre servirá, entre otras cosas, para recoger las posiciones de ese sector. La cuestión de fondo es clara: cómo encajar la regularización de los mercados profesionales con el apoyo a la venta directa del agricultor. Será, previsiblemente, uno de los debates más vivos de todo el proceso.
