Alerta de los riesgos que supone aceptar una oferta con un precio “insuficiente” para ejecutar las actuaciones previstas
Aiguamet, la unión temporal de empresas integrada por Aqualia y Global Omnium, ha pedido a los miembros del Consell Metropolità “el máximo rigor” en la adjudicación de la gestión del agua. El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha convocado un macroconcurso para la gestión del agua en ocho municipios metropolitanos valorado en más de 1.000 millones de euros.
Está previsto que el Consell Metropolità, que es el órgano de gobierno del AMB y está integrado por representantes de los diversos municipios metropolitanos, se reúna el próximo día 29 de septiembre y haga la adjudicación. La empresa mejor posicionada es Veolia, que es la que ha conseguido una mejor puntuación en los criterios técnicos y económicos.
Aiguamet ha hecho llegar una carta a los miembros del Consell en la que reclama “el máximo rigor técnico, seguridad jurídica, transparencia y garantías económicas” y alerta de los “posibles riesgos” que supondría la aceptación de una oferta cuyo precio resulta insuficiente para ejecutar las actuaciones previstas.
La oferta de Veolia supone una baja del 60% sobre los precios unitarios de las unidades de obra de las inversiones. Esto podría suponer una menor calidad de los materiales utilizados, la reducción de los recursos destinados al mantenimiento o dificultades para la ejecución de las inversiones.
En su carta a los representantes metropolitanos, Aiguamet subraya que una oferta de estas características “requiere una justificación excepcionalmente sólida y un análisis especialmente exhaustivo por parte de la administración”.
Aiguamet no cuestiona “el derecho de ningún licitador a presentar la oferta más competitiva”, pero considera que una oferta de esta magnitud requiere “una justificación excepcionalmente sólida” y un “análisis exhaustivo”.
La unión de empresas insiste que la oferta de Veolia no solo supera ampliamente el límite de lo considerado como una oferta presuntamente anormal, sino que duplica este umbral. Y es que el porcentaje queda muy por encima de la reducción media del 22,63% planteada por el resto de los competidores y del 10% que se consideraba una rebaja razonable.
La unión de empresas solicitó información y alegaciones el pasado mes de agosto con la finalidad de aclarar algunos de estos aspectos y disponer de toda la información necesaria sin obtener respuesta por parte de la administración metropolitana.
En su carta, Aiguament recuerda a los consejeros metropolitanos que en esta votación están ante uno de los contratos más importantes del mandato, que tiene una duración de 25 años y que afecta a un servicio básico para la población de ocho municipios del área de Barcelona. La calidad y la sostenibilidad futura del servicio es lo que está en juego y es que si los precios contractuales resultasen insuficientes para ejecutar las actuaciones previstas podría haber una menor calidad de los materiales, la participación de personal menos calificado, una reducción de los recursos destinados al mantenimiento y dificultades para ejecutar las inversiones previstas.
Aiguamet mantiene que, ante la importancia del contrato para la ciudadanía, es fundamental que los miembros del Consell Metropolità dispongan de toda la información necesaria antes de adoptar la decisión definitiva.
La trascendencia del contrato
El contrato que está en liza prevé la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable durante 25 años en las localidades de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.
En todos estos municipios, que suman más de 250.000 habitantes, las concesiones están vencidas y gestionan indirectamente el servicio con un contrato de concesión de servicios, excepto en Ripollet, que se hace con un contrato de arrendamiento de servicios.
El AMB optó por la agrupación de servicios en una única concesión para marcar un mismo nivel de calidad en todos los municipios, que está previsto que se vaya consiguiendo de manera progresiva, así como reducir costes por economía de escala y dar una respuesta más ágil ante posibles contingencias o urgencias.
La concesión es por un periodo de 25 años y el pliego de condiciones indica que la inversión necesaria en el servicio es de 168,7 millones de euros. Cada localidad tendrá su particular plan de inversiones.
