El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido quintuplicar el presupuesto destinado a las comunidades de propietarios que quieran modificar sus estatutos para prohibir los pisos turísticos en sus edificios. La partida pasa de 56.000 a 256.000 euros, después de que la primera convocatoria recibiera más solicitudes de las previstas inicialmente.
Desde febrero, más de 80 comunidades de propietarios han solicitado estas ayudas, una cifra que ha superado aproximadamente en un 30% las previsiones municipales. Ante esta respuesta, el consistorio ha ampliado tanto los recursos disponibles como el plazo para presentar solicitudes, que permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.
El programa financia hasta el 50% de los gastos necesarios para modificar los estatutos de una comunidad y establecer formalmente la prohibición de los usos turísticos. Las ayudas pueden alcanzar los 1.500 euros cuando se modifican unos estatutos existentes y los 2.500 euros cuando es necesario crear unos nuevos. Entre los gastos subvencionables figuran los relacionados con notaría, registro y servicios profesionales.
La medida se enmarca en la estrategia municipal para reducir progresivamente el peso de los alojamientos turísticos en Barcelona. El Ayuntamiento pretende que los pisos actualmente destinados a esta actividad puedan regresar al mercado residencial y contribuir a aumentar la disponibilidad de vivienda para los vecinos.
La decisión también muestra que la política de vivienda está empezando a trasladarse al interior de los propios edificios. Las comunidades de propietarios pueden adoptar acuerdos para limitar determinados usos, pero hacerlo implica trámites administrativos y gastos que pueden convertirse en una barrera para los vecinos. La subvención pretende precisamente reducir ese obstáculo económico.
El incremento de la partida también constituye un indicador del interés que ha despertado el programa. Las más de 80 solicitudes registradas desde febrero muestran que existe un número significativo de comunidades dispuestas a utilizar los mecanismos disponibles para restringir los apartamentos turísticos dentro de sus fincas.
Para el Ayuntamiento, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para combatir la presión turística sobre el mercado residencial. Barcelona ha decidido avanzar hacia la desaparición de los pisos turísticos legales en la ciudad y ha vinculado esta política con la necesidad de recuperar vivienda para uso habitual.
El debate, sin embargo, tiene varias dimensiones. Para los residentes, limitar los alojamientos turísticos puede contribuir a preservar el carácter residencial de los barrios y reducir determinadas presiones sobre los precios. Para los propietarios, supone restringir uno de los posibles usos económicos de una vivienda. Y para la ciudad, plantea el desafío de equilibrar actividad turística y derecho a la vivienda.
La ampliación del programa no elimina por sí sola los pisos turísticos de Barcelona. Lo que hace es facilitar que las propias comunidades puedan modificar sus reglas internas y avanzar hacia su prohibición.
El Ayuntamiento ha optado así por utilizar recursos públicos para incentivar una transformación que se produce desde abajo: edificio por edificio y comunidad por comunidad. El aumento de la financiación hasta 256.000 euros indica que el consistorio considera esta vía una herramienta útil dentro de su política de vivienda y control de los usos turísticos.
