La reforma laboral, aprobada por una amplia mayoría en el Senado, se convierte en una de las principales conquistas legislativas del presidente antes de la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, mientras la prensa internacional destaca su potencial impacto político
La aprobación del fin de la jornada laboral 6×1 en Brasil ha adquirido una dimensión que trasciende el ámbito de las relaciones laborales. A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre, la reforma se ha convertido en un importante activo político para Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo programa progresista ha situado la ampliación de los derechos sociales y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores entre sus principales prioridades.
El Senado aprobó el 14 de octubre la propuesta de enmienda constitucional PEC 221/2019 en dos votaciones consecutivas, ambas con 75 votos favorables y uno en contra. El resultado refleja un respaldo parlamentario amplio a una medida que llevaba años formando parte del debate laboral brasileño y que había ganado fuerza gracias a la movilización social. El texto mantiene la versión aprobada previamente por la Cámara de Diputados y puede avanzar hacia su promulgación.
La reforma establece una transición desde el modelo 6×1 —seis días de trabajo por uno de descanso— hacia una organización 5×2, con dos días de descanso remunerado a la semana. También reduce progresivamente la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial. Los cambios comenzarán a aplicarse 60 días después de la promulgación: inicialmente, el límite será de 42 horas semanales y, doce meses más tarde, llegará a las 40 horas.
La prensa internacional ha interpretado la votación como una victoria política para Lula en un momento decisivo de la campaña. Reuters describió la aprobación como un triunfo legislativo para el presidente, mientras que El País destacó el segundo día de descanso semanal como una conquista para decenas de millones de trabajadores. Otros medios, entre ellos la BBC y la Deutsche Welle, han examinado tanto el alcance laboral de la iniciativa como su posible repercusión electoral.
La reforma responde a una reivindicación que cobró fuerza nacional a partir de 2023, impulsada por campañas ciudadanas y organizaciones defensoras de la reducción de la jornada. La movilización contribuyó a situar en el debate público una cuestión central: el equilibrio entre el empleo, el descanso, la vida familiar y el tiempo disponible para actividades personales.
Según estimaciones del Gobierno citadas por Reuters, más de 37 millones de trabajadores con empleo formal podrían beneficiarse de la reducción del límite semanal. Sin embargo, el alcance efectivo dependerá de la aplicación de las nuevas reglas. Los trabajadores autónomos y una parte importante de quienes desarrollan su actividad en la economía informal no quedarán automáticamente cubiertos por la reforma.
La iniciativa también ha generado críticas de sectores empresariales, que advierten sobre los costes de adaptación y defienden plazos de transición más prolongados. En el plano político, la oposición ha cuestionado la proximidad de la votación con la segunda vuelta. Flávio Bolsonaro, rival de Lula, terminó apoyando la propuesta después de haberse opuesto anteriormente, en un contexto en el que el respaldo popular a la medida elevó el coste político de mantener el rechazo.
La aprobación no garantiza, por sí sola, un resultado electoral favorable al presidente. Sí incorpora a la campaña una decisión legislativa concreta sobre las condiciones de trabajo y el tiempo de descanso. Para Lula, la reforma permite presentar una conquista vinculada a una demanda social de larga trayectoria; para sus adversarios, plantea el desafío de explicar cómo responderían a una reivindicación que ha reunido apoyos más allá de las fronteras partidistas.
Con la segunda vuelta a la vista, el fin de la jornada 6×1 se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro entre la agenda laboral y la disputa por el futuro político de Brasil.
