La Generalitat ha vuelto a colocar sobre la mesa una posibilidad que parecía políticamente cerrada desde 2021: recuperar los peajes de la AP-7. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado que el Govern creará este otoño un grupo de trabajo para analizar diferentes medidas destinadas a reducir la congestión y la elevada siniestralidad de una de las principales arterias viarias de Catalunya. La eventual recuperación del pago será una de las opciones que se estudiarán, pero todavía no existe ninguna decisión adoptada.
Los antiguos peajes de la AP-7 dejaron de cobrarse el 31 de agosto de 2021, después de décadas de circulación sometida a tarifas. Desde entonces, la autopista se convirtió en un corredor gratuito fundamental para los desplazamientos entre Barcelona, Girona, Tarragona y las Terres de l’Ebre, pero también ha soportado un incremento considerable de tráfico, especialmente de vehículos pesados.
La Generalitat considera que la situación actual requiere un plan de choque. El grupo de trabajo anunciado por Parlon reunirá a las conselleries con competencias relacionadas con la movilidad y la seguridad vial para estudiar distintas alternativas. El objetivo no será únicamente reducir los atascos, sino también disminuir el número de accidentes registrados en la vía.
La posibilidad de recuperar los peajes tiene, sin embargo, importantes consecuencias económicas. La AP-7 es utilizada diariamente por miles de trabajadores y empresas de transporte, además de por conductores que recorren Catalunya por motivos personales. Cualquier sistema de pago tendría un efecto directo sobre los costes de desplazamiento y podría modificar los itinerarios elegidos por determinados usuarios.
Por eso, el debate no puede reducirse a una cuestión de cobrar o no cobrar. La Generalitat tendrá que determinar qué sistema permitiría gestionar mejor la demanda y, en su caso, qué usuarios deberían asumir el coste. También deberá valorar el impacto sobre las carreteras alternativas y sobre los territorios que podrían recibir parte del tráfico desplazado.
Mientras se analiza esta posibilidad, el Govern ya trabaja en otras medidas. Entre ellas figura el desarrollo de una aplicación capaz de proporcionar información en tiempo real sobre accidentes y congestiones y recomendar rutas alternativas. También se están implementando sistemas de velocidad variable y medidas específicas para los vehículos pesados. En determinados tramos se han reforzado además los controles y se han incorporado nuevos radares móviles.
La consellera también ha señalado que la solución exige actuaciones de mayor dimensión, incluida una posible ampliación de carriles en determinados tramos del sur de la AP-7. Pero estas obras todavía se encuentran en fases preliminares y requerirían posteriormente aprobación, licitación y ejecución.
El debate sobre los peajes llega, por tanto, en un momento en que la Generalitat busca una respuesta integral a los problemas de una infraestructura esencial para Catalunya. No se ha decidido recuperar las tarifas: lo que se ha decidido es estudiar si hacerlo podría contribuir a gestionar mejor la circulación.
El resultado del grupo de trabajo será especialmente relevante para millones de desplazamientos. Si el Govern finalmente apuesta por recuperar los peajes, tendrá que explicar cómo se aplicaría la medida, cuánto costaría y qué beneficios concretos produciría en términos de tráfico y seguridad. Por ahora, la AP-7 vuelve a abrir uno de los debates más sensibles de la movilidad catalana.
