Salvador Illa y Oriol Junqueras sellaron ayer un acuerdo presupuestario que hace apenas unos meses parecía imposible. Dos partidos que vivieron años de deslegitimación mutua y crisis institucional se sientan ahora a negociar cuentas públicas. El simbolismo es enorme, y la lectura es doble: en Barcelona confirma un cambio de ciclo; en Madrid refuerza la arquitectura parlamentaria que sostiene al gobierno de Sánchez.
Cataluña lleva más de una década con la gobernabilidad bloqueada. Entre 2012 y 2024, los presupuestos se prorrogaron hasta seis veces. El independentismo no fue capaz de aprobar nuevas cuentas. La victoria de Illa ya anticipó el agotamiento de esa dinámica, pero gobernar exigía un paso más: que ERC aceptara cambiar la confrontación por la negociación.
El giro de Esquerra
El debate interno en ERC ha sido intenso, casi existencial. Durante una década, el partido intentó combinar el perfil independentista con una imagen de gestión útil. No siempre funcionó. Años de retrocesos electorales llevaron a una parte creciente de la dirección republicana a una conclusión incómoda: había que dejar atrás el maximalismo y apostar por resultados concretos.
Las encuestas del CEO indican que una amplia mayoría de los votantes de ERC prioriza hoy la estabilidad institucional por encima de las antiguas líneas rojas. El electorado post-procés se ha vuelto más pragmático. Le preocupan la vivienda, los servicios públicos, la economía. El pacto responde exactamente a ese nuevo clima.
El acuerdo incluye más gasto social, inversiones estratégicas y nuevos avances en el modelo de financiación singular que PSC y ERC pactaron durante la investidura. La cuestión fiscal es la más cargada políticamente. Para ERC, la financiación diferenciada es la forma de reformular la demanda nacional sin ruptura, ganando influencia real dentro del Estado. Para Illa, consolida la imagen que ha construido desde que llegó a la Generalitat: la del president de la normalización.
Riesgos para los dos lados
El peligro para Illa es claro. Si se extiende la percepción de que el PSC depende en exceso de ERC —sobre todo en materia fiscal—, el desgaste puede ser importante. Fuera de Cataluña, el modelo de financiación singular ya genera rechazo. Incluso dentro del PSOE hay dirigentes territoriales que temen que apostar por una mayor asimetría fiscal acabe siendo perjudicial electoralmente.
ERC afronta un riesgo distinto. Cuanto más se la identifique con la estabilidad socialista, más difícil le resultará mantener una identidad propia. Junts ya prepara esa línea de ataque: presentará a los republicanos como los gestores de una autonomía domesticada, sin ambición nacional. Pese a todo, la lógica del entendimiento sigue siendo la más racional para los dos partidos. Ninguno gana nada con un nuevo bloqueo.
La dimensión europea
En Bruselas, la desescalada del conflicto catalán se interpreta como uno de los éxitos políticos más relevantes de los últimos años. La crisis de 2017 generó una profunda incomodidad en las instituciones europeas: el temor a que la inestabilidad de uno de los grandes estados miembro se expandiera era real. El acuerdo PSC-ERC se lee ahora, en clave europea, como una prueba de que los conflictos territoriales pueden transitar desde la confrontación hacia la política estable.
La intensidad emocional del procés no ha desaparecido del todo, pero ha perdido centralidad. El cansancio, el pragmatismo y la demanda de gobernabilidad han ocupado buena parte de ese espacio. El pacto entre Illa y Junqueras no cierra el debate territorial —nadie lo pretende—, pero puede marcar el inicio de una fase en la que ese conflicto se gestione de manera mucho más transaccional y mucho menos dramática.
