Un 60% de baja… “temeraria”. La nota de Veolia presenta como ganado un contrato pendiente de adjudicación definitiva y omite explicar la controversia sobre los precios de las inversiones
Veolia anuncia una victoria que su propio comunicado reconoce pendiente de adjudicación definitiva. La nota de prensa difundida hoy por Veolia presenta como ganado un contrato de agua potable por 1.000 millones de euros y 25 años. Sin embargo, al final admite que la clasificación de las ofertas es un paso previo a la adjudicación definitiva. El titular proclama lo que el cierre todavía deja pendiente.
Un comunicado puede celebrar una primera posición. No puede convertirla en una adjudicación.
La Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) sí ha explicado la situación con precisión. En su nota oficial del 29 de septiembre identifica a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, del grupo Veolia, como la licitadora mejor clasificada. También aclara que requerirá y verificará la documentación de solvencia técnica y económica. Solo si cumple los requisitos elevará la propuesta de adjudicación definitiva al Consell Metropolità.
La crítica corresponde, por tanto, a la comunicación de Veolia. La administración describe un procedimiento con condiciones pendientes; la multinacional proyecta sobre el público un resultado cerrado. Esa distancia entre el anuncio empresarial y la precisión institucional resulta difícil de defender.
La victoria se anuncia y el 60 % desaparece
En el relato triunfalista de Veolia falta el dato que explica la controversia: una reducción del 60% en los precios de las inversiones, que motivó el examen de la oferta por su carácter inicialmente anormalmente bajo. Se refiere a esos precios, no a una reducción del 60% del contrato completo ni a una rebaja equivalente en el recibo de los ciudadanos.
La nota dedica espacio a la experiencia de la compañía, su tecnología y las mejoras previstas: sensores para detectar fugas, telelectura y modernización del servicio. Son compromisos relevantes. Pero el comunicado no desarrolla la justificación económica de la baja del 60%. La descripción de las mejoras no explica por sí misma cómo se sostienen sus precios.
Veolia celebra su competitividad sin explicar en esa nota el dato económico más discutido de su propuesta.
La empresa debería responder con concreción: ¿qué partidas permiten esa reducción?, ¿qué condiciones de compra y ejecución la hacen posible?, ¿qué compromisos respaldan el cumplimiento de las inversiones? Son preguntas dirigidas a quien presenta su oferta como una demostración de eficiencia.
Aqualia y Global Omnium merecen respuestas documentadas
Aiguamet, la UTE formada por Aqualia y Global Omnium, ha cuestionado los criterios utilizados para acreditar la viabilidad de la propuesta. Según la información publicada el 29 de septiembre, reclamó a los consejeros metropolitanos rigor técnico, transparencia, seguridad jurídica y garantías económicas.
Es una exigencia defendible. Aiguamet tiene un interés empresarial evidente en el resultado y sus alegaciones no prueban por sí solas ninguna irregularidad. Ese interés no hace desaparecer las preguntas que plantea, del mismo modo que el interés de Veolia no convierte su nota de prensa en una resolución administrativa.
La posición de la UTE merece ser examinada por sus argumentos. Una comunicación de victoria no constituye una respuesta a las dudas sobre los costes, las inversiones y las garantías.
La AMB ha dado explicaciones y Veolia debe respetar su alcance
La AMB ha aceptado las justificaciones de las tres ofertas inicialmente anormalmente bajas. Su comunicado defiende las eficiencias derivadas de la gestión conjunta, la optimización de recursos y las mejores condiciones de contratación de servicios y suministros. La viabilidad de las ofertas cuenta, por tanto, con ese respaldo administrativo.
Además, el informe consultado por la ACN y recogido por Cugat Mèdia detalla, respecto de Veolia, compromisos de subcontratistas, condiciones de adquisición de materiales y una valoración técnica independiente. No sería correcto sostener que no se ha presentado ninguna explicación.
Lo cuestionable es cómo la empresa comunica el resultado de ese examen. Aceptar una justificación y aprobar una clasificación no equivalen a adjudicar definitivamente el contrato. La propia nota de Veolia reconoce esa diferencia, pero la relega al final.
Presentar como conseguido lo que sigue pendiente puede colocar a la AMB ante una expectativa pública innecesaria: que los controles posteriores parezcan una formalidad destinada a ratificar la victoria empresarial. La responsabilidad de generar esa expectativa corresponde a la comunicación de Veolia.
Una baja puede justificarse y una victoria debe esperar
La expresión “temeraria” no equivale a una declaración de ilegalidad. La legislación prevé examinar la justificación de las ofertas anormalmente bajas; el porcentaje no determina por sí solo su exclusión. En este concurso, la Administración ha aceptado las explicaciones.
La crítica a Veolia no necesita convertir las objeciones de un competidor en hechos probados ni anticipar un desenlace judicial. Basta con contrastar los documentos: la AMB informa de una primera posición y de comprobaciones pendientes; la empresa anuncia que gana el contrato.
Veolia debería aclarar públicamente el alcance de su anuncio y explicar con mayor detalle la base económica de su oferta. Su experiencia y su tamaño no la eximen de comunicar con rigor.
La multinacional francesa encabeza el concurso. Pero una primera posición no autoriza a dar por concluida la adjudicación. Para responder a las dudas sobre ese 60%, hace falta algo más que un titular de victoria.
