Hay ciudades que construyen hacia arriba y ciudades que, además, se giran para mirar aquello que dejaron atrás. La presentación esta semana del Plan estratégico de políticas de memoria del Ayuntamiento 2026-2030 sitúa a Barcelona, una vez más, en el segundo grupo. Una hoja de ruta a cinco años, presentada el miércoles 16 de abril en La Model (antes prisión, ahora espacio en transformación), con una inversión inicial de 6,7 millones de euros para 2026 y con un propósito que, leído despacio, suena más a ejercicio cívico que a gesto institucional: convertir la memoria democrática en un derecho ciudadano, un bien público y una herramienta pedagógica para el día a día de la ciudad.
El documento se articula en tres ejes que, si alguien los traduce del lenguaje municipal al de la calle, vienen a decir esto: garantizar que la ciudadanía pueda acceder al pasado, explicar bien ese pasado a las nuevas generaciones y hacerlo con todas las voces, también con las que durante décadas quedaron fuera del relato oficial. Mujeres, clase trabajadora, migrantes, colectivo LGTBI, víctimas del franquismo y del terrorismo, disidencias políticas y culturales. Una memoria coral, dice el plan. Una memoria que admite que la historia de Barcelona no la escribieron unos pocos.
Tres espacios, tres maneras de entender la ciudad
La apuesta más visible son los equipamientos. El Centro Memorial de La Model, la joya del proyecto, convertirá la antigua prisión, cerrada en 2017, en un centro de interpretación de nueva generación, con tres dimensiones de lectura (municipal, nacional e internacional) que quieren situar la historia penitenciaria barcelonesa dentro del marco más amplio de los derechos humanos. No estará listo, eso sí, antes de 2030: el proyecto se encuentra aún en fase de revisión del anteproyecto ejecutivo.
Antes, mucho antes, abrirán dos más. El Centro de Interpretación del Terrorismo se instalará en 200 metros cuadrados del Castillo de Montjuïc y se espera que las obras terminen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio expositivo no se inaugurará hasta 2027. Pondrá especialmente el acento en dos heridas que la ciudad aún arrastra: el atentado de Hipercor de 1987 y el de La Rambla de 2017. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, lo resume con una frase que funciona como una declaración de intenciones: hay que preservar el pasado para fortalecer el futuro. A ello se suma el Centro de Interpretación del Trabajo, que tendrá su sede en la antigua Fabra i Coats y explicará la Barcelona obrera, fabril, migrante y sindical del siglo XX, con lecturas contemporáneas sobre cuidados, desigualdad y precariedad.
El paquete se completa con otras piezas más silenciosas pero no menos ambiciosas: la reactivación de la Junta de Valoración del Tardofranquismo (que ampliará el reconocimiento a mujeres recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer y a personas perseguidas por su orientación sexual), la revisión del nomenclátor con criterios de feminización y memoria democrática, y la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de la ciudad que cartografiará los domicilios de armadores, los edificios levantados con capital procedente del tráfico y los vínculos de familias, empresas e instituciones catalanas con el comercio transatlántico entre los siglos XVIII y XIX.
Un plan con aplauso institucional y réplica desde abajo
La foto, sin embargo, no es unánime. Apenas unas horas después de la presentación, un amplio grupo de entidades memorialistas (Ateneu Memòria Popular, Associació Catalana de Persones Ex-preses del Franquisme, Fundació Cipriano García-CCOO, Amical de les Brigades Internacionals, Amical Mauthausen, Ca la Dona, Associació Pro-Memòria dels Immolats per la Llibertat a Catalunya, entre otras) hizo público un comunicado conjunto con un rechazo rotundo.
El desacuerdo se articula en varios frentes. El primero, simbólico: lamentan que el plan no incluya la conversión en espacios de memoria de dos lugares que consideran irrenunciables, la comisaría de Via Laietana y la antigua prisión de la Trinitat. El segundo, conceptual: sostienen que un centro de interpretación del terrorismo, tal y como está planteado, no debería formar parte de un plan estratégico de memoria democrática, ya que la incorporación de elementos ajenos al marco memorialista puede distorsionar su sentido. Y el tercero, presupuestario: califican los 6,7 millones como una cifra opaca e insuficiente, y denuncian que el documento solo detalla partidas para 2026, casi todas concentradas, sospechan, en el proyecto arquitectónico de La Model, sin concretar el recorrido económico hasta 2030. Por encima de todo, la queja que atraviesa el comunicado: consideran que el proceso se ha cerrado sin una participación real del tejido asociativo que lleva décadas trabajando la memoria en la ciudad desde abajo.
Lo que queda dentro y lo que queda fuera
Hay un detalle que el propio plan reconoce y que conviene no pasar por alto: Barcelona aún arrastra vestigios residuales de simbología franquista, sobre todo en espacios privados, y el documento anuncia un protocolo unificado de detección, validación y retirada en cumplimiento de la Ley 20/2022. En cambio, no entra —y las entidades se lo recuerdan— en otros debates que la ciudad también tiene pendientes, como el del monumento a Colón y los símbolos vinculados al pasado colonial.
Del desenlace de este pulso (entre institución y tejido asociativo, entre la Barcelona que aspira a ser un referente europeo de memoria democrática y la que recuerda desde la trinchera) dependerá, probablemente, que el plan acabe siendo lo que pretende: no un inventario de equipamientos, sino una ciudad que recuerda de verdad.
