Catalunya ha registrado una reducción del 25 % en la llegada de menores extranjeros no acompañados durante el primer semestre de 2026, una evolución que consolida la tendencia descendente observada en los últimos años y que alivia parcialmente la presión sobre el sistema catalán de protección a la infancia. Entre enero y junio llegaron 830 niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares, frente a las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior.
Los datos, dados a conocer por el Departament de Drets Socials, muestran un escenario muy diferente al vivido durante los años de mayor presión migratoria. En 2018, Catalunya alcanzó un máximo histórico cercano a los 3.700 menores acogidos, lo que obligó a ampliar con rapidez la red de recursos asistenciales y reforzar la capacidad de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). En la actualidad, la previsión del Govern sitúa el volumen anual de nuevas llegadas en torno a los 2.000 menores, una cifra significativamente inferior a la registrada durante aquella etapa.
La evolución no solo se refleja en el número de llegadas, sino también en el perfil de los jóvenes atendidos. Según las estadísticas oficiales, cerca del 40 % procede actualmente de países del África subsahariana, mientras que alrededor del 30 % tiene origen marroquí. Hace apenas unos años, los menores procedentes de Marruecos representaban la mayoría de los nuevos ingresos en el sistema de protección, lo que evidencia un cambio progresivo en las rutas migratorias y en la composición de los flujos hacia Catalunya.
También se observa una transformación en la distribución territorial de la acogida. Barcelona continúa siendo uno de los principales puntos de referencia, aunque el peso relativo de la capital ha disminuido en favor de otras demarcaciones como Girona, Lleida y la Catalunya Central, donde la red de recursos ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Esta descentralización pretende favorecer una atención más equilibrada y evitar la concentración de servicios en un único territorio.
Desde el Govern se valora positivamente esta reducción porque permite trabajar con una mayor capacidad de planificación y mejorar el acompañamiento de los jóvenes una vez alcanzan la mayoría de edad. El Departament de Drets Socials mantiene como prioridad reforzar los itinerarios de emancipación, facilitando el acceso a la formación, la inserción laboral y la vivienda para evitar situaciones de exclusión social cuando finaliza la tutela administrativa.
No obstante, la Generalitat insiste en que la disminución de las llegadas no elimina los desafíos del sistema de protección. La atención integral de los menores migrantes continúa requiriendo recursos especializados, coordinación entre administraciones y programas estables de inclusión. El objetivo, señalan desde la administración catalana, no pasa únicamente por responder a las llegadas, sino por garantizar que cada niño y adolescente disponga de las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida con autonomía e igualdad de oportunidades.
