Venezuela se encuentra ante una combinación especialmente delicada: una infraestructura eléctrica y de abastecimiento de agua debilitada durante años y la amenaza de una nueva fase de sequía asociada al fenómeno de El Niño. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha llamado a la población a reducir el consumo de ambos recursos, mientras los cortes de electricidad y las interrupciones del suministro hídrico continúan afectando a distintas regiones del país.
En algunas zonas, los apagones llegan a prolongarse hasta diez horas al día. La magnitud del problema queda reflejada en la diferencia entre la capacidad instalada y la generación efectiva: de los aproximadamente 36.000 megavatios (MW) instalados, el sistema apenas consigue producir menos de 13.000 MW. La oferta, además, mantiene una brecha superior a 1.500 MW respecto de la demanda. Según el especialista energético Nelson Hernández, cerca del 90% de la capacidad termoeléctrica permanece inoperativa, consecuencia de años de inversiones insuficientes y mantenimiento deficiente.
El desequilibrio obliga al país a apoyarse cada vez más en la generación hidroeléctrica. El complejo de Guri, responsable de más del 80% de la producción eléctrica nacional, ocupa una posición determinante. Cualquier deterioro de las reservas hídricas puede traducirse, por tanto, en una reacción en cadena que afecte a hospitales, transporte, actividad industrial, agricultura y servicios urbanos.
Ante este escenario, Rodríguez ha anunciado la recuperación de hasta 4.800 MW antes de terminar el año, mediante acuerdos con GE Vernova e IMPSA destinados a modernizar instalaciones y añadir nuevas turbinas. El problema político, sin embargo, no reside únicamente en la magnitud del objetivo, sino en la credibilidad de su ejecución. Los antecedentes de planes de recuperación que quedaron parcialmente incumplidos han alimentado la desconfianza de una población acostumbrada a convivir con interrupciones.
La posible llegada de El Niño introduce una presión adicional, pero no explica por sí sola la crisis energética venezolana. Expertos citados por Reuters señalan que el fenómeno climático puede agravar la situación de un sistema excesivamente dependiente del agua, pero que las causas profundas son estructurales: falta de inversión, redes de transmisión y distribución deterioradas y mantenimiento insuficiente durante años.
La vulnerabilidad resulta todavía más evidente en un país que intenta recomponerse tras dos terremotos que dejaron más de 6.000 muertos. En La Guaira, algunas familias desplazadas siguen afrontando condiciones precarias, con acceso irregular al agua y conexiones eléctricas improvisadas. Los centros sanitarios, entretanto, han tenido que recurrir a generadores para mantener operativos determinados servicios de emergencia.
El problema, por ello, excede la gestión de una contingencia climática. Cuando una infraestructura pública carece de reservas suficientes para absorber una perturbación previsible, el fenómeno externo deja de ser la causa principal y se convierte en el detonante de una vulnerabilidad acumulada.
Para Caracas, el desafío será convertir los anuncios de recuperación en resultados comprobables. La electricidad y el agua no constituyen únicamente prestaciones administrativas: sostienen la salud, la actividad económica y las condiciones mínimas de una vida digna. Si El Niño finalmente reduce las reservas hídricas, Venezuela descubrirá cuánto margen le queda a un sistema que lleva años funcionando al límite.
