Con el objetivo de desprestigiar al líder de la formación Pablo Iglesias
El juez Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel García Catalán, que fue alto cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la causa donde se trata de esclarecer si cuando gobernaba el PP desde la cúpula policial se impulsaron investigaciones irregulares y sin aval judicial contra Podemos y sus diputados entre 2015 y el 2016.
El juez ha llamado a declarar el próximo día 25 de junio en calidad de investigados en el exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción ya una funcionaria de la policía tras admitir un recurso del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de la formación Pablo Iglesias.
Iglesias se personó como acusación en el procedimiento y recurrió la negativa del juez de la Audiencia Nacional a admitir una ampliación de la querella contra ambos policías. Ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, reconsideró la decisión y estimó el recurso.
De esta forma, se pretende aclarar la visita que realizaron los dos funcionarios en abril de 2016 al consulado español en Nueva York, con el investigado inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, para tomar declaración al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.
Según el escrito que remitió hace meses al juez Santiago Pedraz, el «propósito formal» de ese interrogatorio era «obtener la ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano». Pero, proseguía el escrito, «el verdadero objetivo» no era «la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio» contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y la propia formación.
El abogado de Pablo Iglesias se basa en la declaración que prestó Rafael Isea en septiembre del 2025 ante la Audiencia Nacional, donde, según el escrito, «señaló numerosas irregularidades» del acta de la declaración que prestó en Nueva York, «manifestando su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento la veracidad del cual no se podía asegurar».
El exlíder de Podemos sostiene que los ahora querellados «redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas» por Rafael Isea.
«Después de la manipulación del acta oficial se produjo la posterior filtración a medios de comunicación afines, generando un grave perjuicio a la reputación de Podemos y de sus dirigentes y cargos públicos», entre ellos Pablo Iglesias, añadía el escrito.
Entre los investigados en esta causa figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que este lunes ha declarado en el juicio del caso Kitchen que celebra la Audiencia Nacional.
La investigación de Pedraz se remonta a inicios del 2024, cuando el juez admitió a trámite una querella de Podemos que denunciaba la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de investigaciones prospectivas» y «ajenas» al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después.
La trama de Leire Díez
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha ordenado levantar «de forma parcial» el secreto de actuaciones en la causa que investiga la existencia de una supuesta trama liderada por el exmilitante socialista Leire Díez que buscaba «desestabilizar u obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el gobierno español».
En un auto, se explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias, aunque se mantiene el secreto de una pieza durante un mes para no perjudicar a algunas de las diligencias de investigación pendientes.
En un auto, se explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias, aunque se mantiene el secreto de una pieza durante un mes para no perjudicar a algunas de las diligencias de investigación pendientes.El cas es dirigeix contra Díez i contra l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d’organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni.
