Durante demasiado tiempo hemos aceptado como normal que una generación entera tenga que retrasar sus proyectos de vida porque no puede permitirse una vivienda. Para muchos jóvenes, emanciparse ya no significa únicamente encontrar un trabajo estable: significa poder pagar un alquiler que no se lleve buena parte del sueldo o reunir unos ahorros suficientes para afrontar una entrada imposible. El resultado es conocido: se retrasa la emancipación, se comparten pisos hasta edades cada vez más avanzadas y se multiplican fórmulas habitacionales que deberían ser una opción y no una obligación.
El alquiler de habitaciones es un buen ejemplo. Compartir puede ser una elección vital enriquecedora, pero cuando se convierte en la única alternativa para quien trabaja, estudia o quiere formar una familia, estamos ante un problema colectivo. Lo mismo ocurre con los alquileres de temporada o con la proliferación de viviendas destinadas a usos turísticos en zonas donde encontrar un hogar se ha convertido en una carrera de obstáculos. Una vivienda debe estar, ante todo, al servicio de quienes necesitan vivir en ella.
Por eso es legítimo regular. Y también es necesario actuar contra la especulación. No se trata de cuestionar la propiedad privada ni de impedir que una persona pueda invertir sus ahorros. Se trata de evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero más, acumulado y explotado exclusivamente en busca de rentabilidades que expulsan a quienes necesitan un hogar. El Parlament está tramitando precisamente medidas para limitar la compra especulativa en las zonas más tensionadas.
Pero regular no basta. Tampoco basta con ayudar a pagar el alquiler si cada año hay menos viviendas asequibles disponibles. La política de vivienda necesita una herramienta que durante décadas hemos tenido demasiado pequeña: un parque público suficiente.
Ahí está el gran reto del Govern de Salvador Illa: el Pla 50.000, que prevé disponer de 50.000 viviendas asequibles hasta 2030, mayoritariamente de alquiler y protegidas, con una inversión anual de 1.100 millones de euros. Es una apuesta ambiciosa porque el problema también lo es. Y debe serlo hasta el final: suelo público, colaboración con los ayuntamientos, vivienda protegida permanente, rehabilitación y capacidad de construir allí donde más se necesita.
Los jóvenes no necesitan discursos sobre esfuerzo. Necesitan que el esfuerzo tenga recompensa. Necesitan poder imaginar una vida independiente, formar una familia si lo desean y echar raíces en su barrio o en su pueblo sin que el precio de la vivienda decida por ellos.
Garantizar el acceso a la vivienda es, en definitiva, defender la libertad real. Porque de poco sirve tener un empleo si no puedes permitirte un hogar. Y una sociedad que obliga a sus jóvenes a elegir entre emanciparse, ahorrar o vivir dignamente está renunciando a una parte esencial de su futuro.
La vivienda no puede ser un privilegio ni un premio para quien llega primero. Tiene que volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: un derecho y un hogar.
