El diputado del PSC en el Congreso sitúa los siete votos de Junts como una pieza clave de la negociación y confía en alcanzar un acuerdo con todos los grupos
El Gobierno necesita apoyos para sacar adelante el reglamento de vivienda y, en este escenario, los siete diputados de Junts pueden tener un papel especialmente relevante. Así lo ha señalado el diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza en una entrevista en “Aquí Catalunya”, de Ràdio Barcelona, en la que ha apuntado que, a día de hoy, los votos de Junts resultan más determinantes que los cuatro de Podemos. En cualquier caso, ha insistido en que el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones con todos los grupos.
Zaragoza considera que Junts podría respaldar el texto porque algunas de las medidas planteadas responden a sus demandas, mientras que interpreta que Podemos estaría más cerca de optar por la abstención. El socialista tampoco contempla que el decreto pueda decaer como consecuencia de una estrategia electoral de la formación morada.
En este sentido, ha considerado «un poco curioso que no se pudieran tomar medidas que mejoren la vida de las personas por una estrategia electoral de Podemos». Al mismo tiempo, ha descartado que Podemos pueda coincidir con PP y Vox en un eventual rechazo al texto. «No creo que forme parte de su estrategia. No los veo votando en esa línea», ha afirmado.
El precedente del escudo social
El diputado socialista ha recordado que el Ejecutivo ya se encontró con una situación similar el pasado febrero, cuando un real decreto ley sobre el escudo social no salió adelante en el Congreso tras sumar los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Según ha explicado Zaragoza, aquella norma incluía medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables, pero Junts acabó rechazándola «con el argumento de los inquiokupas». A su juicio, el escenario actual es distinto y las conversaciones tanto con Junts como con Podemos siguen abiertas.
Zaragoza ha defendido que la necesidad de negociar es consecuencia directa de la composición del Congreso. «Esta legislatura es un Gobierno que gobierna sin mayoría», ha señalado, lo que obliga al Ejecutivo a buscar acuerdos entre «10 grupos diferentes».
El diputado ha reconocido que alcanzar esos consensos no resulta sencillo, aunque ha reivindicado que el Gobierno ya ha logrado sacar adelante alrededor de 80 leyes. En cualquier caso, ha advertido de que gobernar en minoría obliga a asumir que el resultado de las negociaciones será diferente al que tendría un Ejecutivo con mayoría absoluta.
«Una cosa es lo que haríamos si tuviéramos mayoría absoluta en el Congreso, pero no la tenemos. Los ciudadanos han decidido que gobernemos en minoría», ha afirmado.
El objetivo: encontrar un punto de acuerdo
Respecto a las condiciones planteadas por Junts y Podemos, Zaragoza ha asegurado que el Gobierno está negociando «con todos» y que el propósito es encontrar «el punto en común que permita sacar adelante la ley».
El socialista ha situado la aprobación del decreto como la prioridad del Ejecutivo, incluso si para ello es necesario renunciar a algunas de las medidas que defendería en un escenario de mayoría absoluta. «Para nosotros, lo máximo es tener la ley», ha resumido.
Zaragoza también ha cuestionado la viabilidad de algunas de las propuestas planteadas durante el debate sobre vivienda. En concreto, se ha referido a la reclamación de Podemos de llevar a cabo «650.000 expropiaciones» y ha puesto el foco en el coste que tendría una medida de estas características.
«A veces es muy fácil, en determinados debates, decir ‘yo lo arreglaría expropiando’. ¿Qué quiere decir eso?», se ha preguntado. Y ha añadido: «La gente piensa que tener una vivienda es gratis, pero es un tipo de debate en el que las palabras lo aguantan todo».
La redacción de las leyes, clave para su aplicación
Otro de los aspectos sobre los que ha incidido el diputado del PSC es la necesidad de concretar al máximo el contenido de las normas. A su juicio, la manera en que se redactan las leyes es fundamental para evitar problemas posteriores en su aplicación judicial.
«Hay que negociar las leyes tal y como se escriben», ha señalado Zaragoza, que ha advertido de que «hay que afinar muy bien para que los jueces apliquen lo que dice».
Como ejemplo, se ha referido a la propuesta de «prohibir comprar a los fondos buitre». Frente a una formulación de este tipo, ha planteado la posibilidad de buscar mecanismos que permitan a los ayuntamientos adquirir vivienda destinada a uso social.
El peso de las palabras en el debate sobre vivienda
Zaragoza también ha reflexionado sobre la influencia del lenguaje en la percepción pública de las políticas de vivienda. Ha explicado que, cuando participaba en debates sobre esta cuestión, se fijaba especialmente en los titulares de los medios para comprobar si se utilizaban términos como «ocupación» o «desahucios».
«Solo con el título del debate ya condicionas», ha afirmado. En su opinión, ambas palabras pueden utilizarse para abordar cuestiones vinculadas a una misma realidad legislativa, pero generan enfoques diferentes sobre el debate.
