Está previsto que la adjudicación definitiva se haga en el Consell Metropolità de septiembre
La extraordinaria diferencia entre la oferta presentada por Veolia y el resto de las propuestas ha situado el concurso del agua del Área Metropolitana de Barcelona en uno de los escenarios más delicados de la contratación pública. La empresa deberá demostrar ahora que una rebaja de esta magnitud es compatible con la correcta ejecución del contrato y con las inversiones exigidas por el pliego. Hasta que esa justificación sea analizada y resuelta, no existe adjudicación definitiva.
La licitación del contrato para la gestión del servicio de abastecimiento de agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), considerada una de las mayores concesiones públicas del sector en España, continúa abierta. Pese a algunos titulares publicados en los últimos días, no puede afirmarse que Veolia haya ganado el concurso.
Lo que sí se conoce es que Veolia ha presentado la oferta económica más baja entre las empresas licitadoras. Sin embargo, presentar la oferta más económica no supone automáticamente convertirse en adjudicataria. La propuesta deberá superar ahora uno de los controles más exigentes previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: acreditar que su oferta es plenamente viable si la mesa de contratación considera que puede encontrarse en situación de baja anormal o desproporcionada.
Una diferencia económica sin precedentes en el procedimiento
Los datos conocidos reflejan una desviación extraordinaria respecto al resto de las ofertas.
Según la información disponible, el pliego contemplaba inversiones cercanas a 169 millones de euros, mientras que la propuesta presentada por Veolia rondaría los 67 millones de euros. La media del resto de las ofertas se situaría aproximadamente en 123 millones de euros.
La magnitud de esa diferencia desplaza el debate del precio hacia una cuestión mucho más relevante: ¿puede ejecutarse correctamente un contrato de esta dimensión con una oferta que reduce en más de cien millones de euros las previsiones inicialmente contempladas por la propia administración?
Precisamente para responder a esa pregunta existe el procedimiento previsto para las ofertas anormalmente bajas.
La carga de la prueba recae ahora sobre Veolia
En este momento corresponde exclusivamente a Veolia demostrar que su propuesta resulta técnica, económica y financieramente viable.
No basta con haber presentado el precio más reducido. La empresa deberá acreditar documentalmente que puede ejecutar todas las inversiones previstas, mantener la calidad del servicio exigida por el pliego y cumplir íntegramente las obligaciones del contrato sin generar desequilibrios económicos durante la concesión.
Será la mesa de contratación quien determine, tras analizar toda la documentación presentada, si la oferta ofrece garantías suficientes o, por el contrario, debe ser excluida del procedimiento.
Aceptar la oferta abriría un importante debate
Si finalmente la mesa aceptara la justificación presentada por Veolia, estaría avalando que un contrato cuyas previsiones económicas fueron calculadas inicialmente en torno a 169 millones de euros puede ejecutarse con poco más de un tercio de esa cifra.
Una decisión de ese alcance abriría inevitablemente un intenso debate sobre las previsiones económicas realizadas por el propio AMB y sobre las garantías de sostenibilidad del contrato durante toda su vigencia.
La contratación pública no persigue únicamente obtener el precio más bajo. Su finalidad es garantizar que el servicio pueda prestarse con calidad, continuidad y seguridad jurídica durante toda la duración del contrato.
Los riesgos de una oferta extraordinariamente baja
La legislación sobre contratación pública contempla un control específico para las ofertas anormalmente bajas porque la experiencia demuestra que, en determinados casos, pueden terminar generando problemas durante la ejecución del contrato.
Entre esos riesgos figuran modificaciones contractuales, reclamaciones por desequilibrio económico, revisiones de costes o dificultades para mantener las inversiones inicialmente comprometidas.
Precisamente por ello, el legislador exige que este tipo de ofertas sean sometidas a un análisis especialmente riguroso antes de adoptar cualquier decisión definitiva.
Un precedente para futuras concesiones públicas
La resolución que adopte la mesa de contratación puede trascender este procedimiento concreto.
Aceptar una oferta con una diferencia económica de esta magnitud podría convertirse en un precedente para futuras licitaciones públicas, motivo por el que especialistas en contratación administrativa consideran especialmente relevante la motivación jurídica y técnica que finalmente adopte la administración.
No se trata únicamente de adjudicar un contrato, sino de fijar un criterio que podría influir en futuras concesiones de servicios públicos.
Los recursos podrían prolongar el procedimiento
Incluso en el supuesto de que la mesa de contratación aceptara la justificación presentada por Veolia y acordara su adjudicación, el procedimiento podría no haber finalizado.
Las restantes empresas licitadoras disponen de los recursos previstos por la legislación administrativa y, posteriormente, de la vía contencioso-administrativa para impugnar la decisión si consideran que no se ajusta a Derecho.
Ello podría retrasar durante un largo periodo la resolución definitiva del contrato y, con ella, el inicio de las inversiones previstas para mejorar el servicio en los ocho municipios afectados.
La adjudicación sigue pendiente
A día de hoy, la única conclusión objetiva es que Veolia ha presentado la oferta económica más baja.
Sin embargo, el procedimiento administrativo continúa abierto y será la mesa de contratación quien deba determinar si esa propuesta resulta realmente compatible con las exigencias técnicas, económicas y jurídicas del contrato.
La responsabilidad de la administración no consiste únicamente en elegir la oferta más barata, sino en garantizar que el interés público quede plenamente protegido.
Hasta que finalice el procedimiento de justificación previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y, en su caso, se resuelvan los posibles recursos que puedan plantearse, no puede afirmarse que el concurso del agua del AMB tenga un adjudicatario definitivo.
Un contrato por 25 años
El contrato que está en liza prevé la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable durante 25 años en las localidades de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.
En todos estos municipios, las concesiones están vencidas y gestionan indirectamente el servicio con un contrato de concesión de servicios, excepto en Ripollet, que se hace con un contrato de arrendamiento de servicios.
El AMB optó por la agrupación de servicios en una única concesión para marcar un mismo nivel de calidad en todos los municipios, que está previsto que se vaya consiguiendo de manera progresiva, así como reducir costes por economía de escala y dar una respuesta más ágil ante posibles contingencias o urgencias.
La concesión es por un periodo de 25 años y el pliego de condiciones indica que la inversión necesaria en el servicio es de 168,7 millones de euros. Cada localidad tendrá su particular plan de inversiones.
Asimismo, durante el primer año de servicio de la nueva concesión se mantendrán las tarifas a los usuarios de los ocho municipios con los importes actuales. De este modo, el nuevo concesionario podrá efectuar la nueva implantación y planificar de forma detallada las actuaciones a ejecutar. A partir del segundo año, empezarán a ejecutarse las inversiones de mayor magnitud, que repercutirán en la factura.
