La Audiencia de Barcelona ha tumbado el sobreseimiento de la causa abierta contra los Mossos d’Esquadra por el uso de gas pimienta durante una protesta propalestina en la estación de Sants el pasado 15 de octubre. El tribunal ha dejado sin efecto la decisión del juzgado de instrucción barcelonés que, en diciembre, rechazó admitir la querella presentada por varios colectivos y seis personas que resultaron heridas durante la intervención policial.
La Audiencia aprecia indicios de que el uso del espray de oleorresina capsicum, el conocido como gas pimienta, fue desproporcionado. Para sostenerlo, cita un informe que el propio cuerpo de los Mossos remitió al Parlamento, en el que la policía catalana reconoce que se trata de un instrumento peligroso. El tribunal va más allá y apunta que las lesiones denunciadas tienen visos de ser consecuencia directa de lo que hicieron los agentes.
Imágenes y agentes identificados
La resolución considera que hay base suficiente para identificar a los posibles responsables. Los querellantes han aportado imágenes en las que se reconoce a al menos dos agentes que accionaron los esprays y al mando que los supervisaba. La querella la presentaron Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC, que actúan en representación de seis personas afectadas.
Los denunciantes sostienen que los Mossos rociaron indiscriminadamente a manifestantes que estaban sentados en el suelo sin oponer resistencia. La protesta se enmarcaba en la huelga del 15 de octubre convocada en solidaridad con el pueblo palestino. En febrero, las mismas entidades recurrieron el archivo de la causa y, al mismo tiempo, reclamaron ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública que Interior hiciera público el protocolo de uso de ese agente.
Dos comparecencias de la consellera Parlon y campaña para prohibirlo
Lo ocurrido en Sants desató de inmediato un debate político. ERC, los Comuns y la CUP exigieron que la consellera de Interior, Núria Parlon, diera explicaciones en el Parlamento. Lo hizo en dos ocasiones. En una de ellas, convocada por iniciativa propia ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública, acudió junto al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien defendió el uso del gas pimienta cuando hay violencia generalizada.
A raíz de los hechos, una decena de entidades de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales pusieron en marcha la campaña Stop gas pebre para exigir una moratoria inmediata y que se tramitara su prohibición definitiva. Argumentan que es un arma que no distingue entre personas y que su uso sistemático vulnera derechos fundamentales: el de manifestarse, el de la integridad física y el de acceso a la información.
Que la Audiencia haya reabierto el caso pone sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de este episodio: dónde está el límite de la proporcionalidad policial cuando quienes protestan lo hacen de forma pacífica, y quién responde cuando ese límite se cruza.
