El abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell, tomó la palabra este miércoles en la Audiencia Nacional para presentar su informe final. Frente a él, la tesis de la Fiscalía Anticorrupción: que los Pujol construyeron su fortuna andorrana sobre el dinero de la corrupción. Martell no lo acepta. Acusó al fiscal de sostener una imputación de mucho ruido y pocas nueces, y aseguró que detrás de tanta contundencia no hay, a su juicio, ninguna prueba real.
El caso lleva años girando en torno al mismo eje: el patrimonio que la familia Pujol mantuvo oculto a Hacienda durante más de tres décadas en cuentas andorranas. El propio Jordi Pujol, hoy apartado del proceso por razones de salud, lo reconoció públicamente en julio de 2014. La explicación de la familia siempre ha sido la misma: ese dinero lo dejó el padre del expresidente, Florenci Pujol, que quiso poner a salvo una cantidad en el extranjero ante la incertidumbre que rodeaba la vida política de su hijo.
Sin delito previo probado, no hay blanqueo posible
Martell construyó su defensa sobre un pilar jurídico sólido: para condenar por blanqueo hace falta acreditar antes un delito previo, con nombres y apellidos. En este caso, la supuesta corrupción sistémica de los gobiernos de Pujol. Y eso, dijo, la Fiscalía no ha sido capaz de demostrarlo. No hay contratos manipulados, no hay concursos públicos cuestionados, no hay nadie que haya subido a declarar para avalar esas conductas.
Martell fue más lejos y señaló que parte de la documentación de la acusación se apoya en recortes de prensa. Recordó también que varias de las operaciones investigadas ocurrieron bajo gobiernos del PSC, no de Convergència, por lo que atribuir a los Pujol capacidad de influencia en esas decisiones resulta, cuando menos, forzado. Puso sobre la mesa los convenios de Diagonal Mar, impulsados desde el Ayuntamiento de Maragall en la Barcelona preolímpica, como ejemplo de actuaciones que no pueden cargarse a la cuenta de su cliente.
La Fiscalía había argumentado el día anterior que el origen de los primeros depósitos andorranos, realizados en 1990, podría rastrearse en las grandes inversiones de aquella Barcelona que se preparaba para los Juegos. El fiscal sostuvo también que el hijo mayor del expresidente gestionó esos fondos durante años y que los pagos que recibió de diversas empresas eran comisiones encubiertas, no honorarios reales.
El perfil del «abuelo Florenci» y la petición de absolución
Martell reconoció sin ambages que no puede acreditar documentalmente la existencia del legado. Pero matizó: rastrear dinero opaco de los años setenta y ochenta no está al alcance de nadie. Para compensar esa laguna, dedicó parte de su informe a dibujar la figura de Florenci Pujol: cambista de divisas en Tánger durante la autarquía franquista, fundador de Banca Catalana, hombre hecho a sí mismo que se movió durante décadas en los márgenes financieros de la España de Franco. Con ese perfil, argumentó, no tiene nada de extraño que tuviera fondos fuera del país. La defensa sostiene que esa herencia es tan válida como cualquier otra explicación, y que ante la ausencia de pruebas concluyentes debe imponerse la presunción de inocencia.
Martell pidió la absolución de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, para quien la Fiscalía reclama 29 años de cárcel por blanqueo, falsedades documentales, asociación ilícita, alzamiento de bienes y delito fiscal. Pujol Ferrusola alegó en el juicio que los pagos que recibió de distintas empresas correspondían a trabajos de asesoramiento e intermediación.
El juicio arrancó en noviembre en la Audiencia Nacional y entra ahora en su recta final. La sentencia decidirá si los siete hijos del expresidente y los empresarios sentados en el banquillo son condenados o absueltos en uno de los procesos por presunta corrupción política más complejos que ha conocido Cataluña.
