Hay un viejo dicho castellano que resume muchos errores empresariales: «es peor sostener el error que enmendarlo». Pocas veces esa máxima resulta tan pertinente como ahora, cuando el mayor contrato público del agua de Cataluña ha dejado de ser un expediente administrativo para convertirse en un caso observado con atención más allá de las fronteras españolas.
Las grandes multinacionales suelen medir el éxito en cuotas de mercado, expansión internacional y resultados financieros. Sin embargo, existe otro indicador que rara vez aparece en los informes corporativos: la confianza. Se tarda décadas en construirla y apenas unos días en ponerla en cuestión.
Eso es precisamente lo que comienza a ocurrir con Veolia. La controversia en torno a su oferta para gestionar el contrato del Área Metropolitana de Barcelona, valorado en más de mil millones de euros durante veinticinco años, ya no pertenece exclusivamente al ámbito local. La decisión de la administración de abrir el procedimiento para verificar una oferta anormalmente baja, después de detectar una reducción cercana al 60 % en las inversiones previstas, sitúa el debate en el escenario donde realmente se deciden las grandes batallas empresariales: el de los mercados internacionales.
Porque el idioma de la reputación corporativa no es el catalán, ni el castellano, ni el francés. Es el inglés. Es la lengua que hablan los inversores, los reguladores, las agencias de calificación, los fondos internacionales y una competencia que observa cada movimiento con la paciencia de quien sabe que los mercados tienen memoria.
Conviene recordarlo: la apertura de este procedimiento no constituye una condena ni demuestra irregularidad alguna. La legislación española obliga a la administración a solicitar explicaciones cuando una oferta se aparta de manera significativa de los parámetros económicos previstos. Es una garantía del sistema, no una sentencia anticipada. Precisamente por eso, el momento exige transparencia, argumentos sólidos y una justificación capaz de disipar cualquier duda sobre la viabilidad económica, técnica y operativa de la propuesta.
Persistir en un planteamiento que no consiga despejar esas incógnitas sería un error de enorme trascendencia. En contratación pública, rectificar nunca ha sido un síntoma de debilidad; forma parte de la buena gestión. Empeñarse en defender lo indefendible, por el contrario, puede terminar dañando no solo la imagen de una empresa, sino también la credibilidad del propio procedimiento de adjudicación.
El problema trasciende además a una sola licitación. Durante los últimos años, Veolia ha consolidado una presencia extraordinariamente relevante en el sector del agua en Cataluña. Esa posición dominante no constituye, por sí misma, una infracción. Pero precisamente por su dimensión, cualquier decisión empresarial adquiere un impacto que supera el interés privado y alcanza inevitablemente el interés general. Cuanto mayor es el poder de mercado, mayor debería ser también el nivel de responsabilidad y de ejemplaridad.
Las empresas suelen repetir que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Es cierto. Pero los mercados también toman medidas. Measure times, dicen los analistas anglosajones cuando recuerdan que toda decisión termina siendo evaluada por sus consecuencias. Y esas consecuencias no se limitan a un balance financiero; alcanzan a la confianza de los inversores, a la percepción de los reguladores y a la legitimidad con la que una compañía aspira a seguir gestionando servicios públicos esenciales.
Y, sobre todo, quien no puede pagar las consecuencias de una estrategia empresarial fallida son los ciudadanos del Área Metropolitana de Barcelona. En un servicio esencial como el agua, el interés general debe situarse siempre por encima de cualquier ambición comercial, estrategia de expansión o posición de mercado. Porque el agua no es un producto cualquiera. Es un bien público cuya gestión exige competencia leal, transparencia absoluta y una convicción innegociable: cuando se administra un recurso indispensable para millones de personas, la medida del éxito nunca debería ser únicamente el precio de una oferta, sino la capacidad de garantizar un servicio sostenible, fiable y digno de la confianza de toda la sociedad.
